El Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta utilizó el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos para acceder de forma irregular a los datos biométricos de 7 millones de personas en lo que parece ser un nuevo escándalo de espionaje ilegal del macrismo.
Entre quienes fueron vigilados irregularmente se destacan el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia, las referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela Carlotto y Hebe de Bonafini, dirigentes de Cambiemos como Elisa Carrió y Patricia Bullrich, jueces de la Corte, fiscales federales y empresarios como Héctor Magnetto y Paolo Rocca, entre otros.
La información surge de una investigación que llevó adelante el juez porteño Roberto Andrés Gallardo después de que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) presentara un amparo contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP), que rige en la Ciudad de Buenos Aires desde abril de 2019.
Según la Justicia, el acceso a esa información fue a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) que se firmó en 2019, es decir, durante la presidencia de Mauricio Macri, y solo le permitía al gobierno porteño acceder a los datos de un universo de poco más de 40.000 personas o por requerimientos judiciales puntuales. Aunque la solicitud terminó siendo a demanda.
Se busca determinar si estos procedimientos del Ejecutivo local pudieron ser utilizados para realizar trabajos de vigilancia e inteligencia masiva.
En una resolución de 118 páginas, el juez Gallardo resolvió suspender el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos por su uso irregular por parte del gobierno porteño.
“No puedo pasar por alto las circunstancias puestas en mi conocimiento relativas a la discordancia entre los registros de la CoNaRC y los datos biométricos que migraron desde ReNaPer hacia el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA”, señaló en un apartado de su resolución titulada “Incomprensible uso de datos biométricos”.
Es que el sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos debía cruzarse con una base de datos de 40.000 personas pero el ministerio de Seguridad y Justicia porteño requirió información sobre 7 millones de personas en el ReNaPer (y se realizaron más de 9,5 millones de búsquedas).
Los espiados
“La cuestión no encuentra frontera en simplemente divergencias cuantitativas. El mayor asombro encuentra lugar al repasar las personas incluidas en los listados que consignan los datos biométricos extraídos por el Gobierno local”, agregó Gallardo.
La lista de los espiados es más que extensa:
- El presidente de la Nación, Alberto Fernández (los 76 registros comienzan el 25 de julio de 2019).
- La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (tiene la mayor cantidad de registros -225-, que comienzan el 25 de abril de 2019).
- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (24 registros).
- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
- El diputado nacional Máximo Kirchner (con 12 registros).
- La hija de la vicepresidenta, Florencia Kirchner.
- La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
- La fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
- El ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
- La Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Inés Mónica Weinberg.
- El exministro de la Corte, Raúl Zaffaroni.
- La diputada nacional del FIT, Myriam Bregman.
- El diputado del FIT, Nicolás del Caño.
- El diputado José Luis Espert.
- El diputado Ricardo López Murphy.
- El diputado Javier Milei (32 veces).
- El diputado Facundo Manes.
- La Fiscal General en lo Comercial, clave en el caso Correo, Gabriela Boquin.
- La ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
- El camarista federal porteño, Roberto Boico.
- El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni (17 veces).
- El CEO de Clarín Héctor Magnettto.
- El empresario Alejandro Bulgheroni.
- El empresario Jorge Pérez Companc.
- El empresario Eduardo Costantini.
- El empresario Marcos Galperín.
- El empresario Eduardo Elsztain.
- El empresario Paolo Rocca.
- El empresario Hugo Sigman.
- El empresario Alejandro Roemmers (13 veces).
- El empresario Alberto Roemmers.
- El empresario Alfredo Rommers.
- La presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 registros).
- La periodista Viviana Canosa.
- La fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió (10 registros).
- El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.
- El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández (los 12 registros comienzan en octubre de 2019).
- Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Macri Luis Etchevehere.
- El periodista Eduardo Feinmann.
- El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois (22 registros).
- El Jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández (10 veces).
- El oficial desaparecido de la Policía de la CABA, Arshak Karhanyan (92 registros, sólo superado por CFK).
- El Director Nacional de Políticas Integradoras de la Nación, Rafael Klejzer.
- El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque.
- El fiscal federal Franco Picardi.
- El fiscal federal Carlos Stornelli.
- El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
- El dirigente social Ángel Borello.
- El dirigente del Partido Obrero, Nestor Pitrola.
- La diputada Paula Penacca.
- La empresaria y actriz Esmeralda Mitre (15 registros).
- El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales.
- El periodista Joaquín Morales Solá.
- El gremialista Pablo Moyano (11 veces).
- El dirigente gremial de los judiciales, Julio Piumato.
- La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños.
- El Jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación, Juan Manuel Olmos.
- El Presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce.
- El periodista Gustavo Sylvestre.
- El senador Mariano Recalde.
- La diputada y consejera de la magistratura, Vanesa Siley.
- El diputado radical Emiliano Yacobitti.
Para comprender la gravedad del asunto:
“Los datos biométricos que el RENAPER le brinda al GCBA se suministran únicamente en aquellos casos, que coinciden con los establecidos en el art. 485 bis de la ley 5.688 que dispone que el SRFP ‘será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC). Salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el CONARC’”.
Ninguna de las personas mencionadas anteriormente encuadra en ese concepto.
"La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados", explicó Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones sociales que interviene en el caso.
La respuesta del gobierno porteño
D’Alessandro salió a responderle a Gallardo, a quien acusó de hacer una “ensalada”. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dijeron que las búsquedas hechas en el Renaper no solo obedecen a personas buscadas por la Justicia, sino que “responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia”. Hasta ahora no quedaría claro por qué la Justicia pediría información de dirigentes de derechos humanos, como tampoco de dirigentes políticos de todos los colores y periodistas, tanto opositores como afines.
El uso de las cámaras estuvo en el centro del debate en los últimos días después de que el propio D’Alessandro sugiriera poner a disposición del gobierno nacional las cámaras para identificar a las personas que protestan cortando las calles. Durante la semana pasada hubo una fuerte campaña de las autoridades porteñas tendiente a criminalizar la protesta –y la pobreza– al pedir que se les retiren los planes sociales a quienes participan en acampes.