A raíz del aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus, y a horas de conmemorar un nuevo 24 de marzo, seguimos haciendo memoria. En esta ocasión analizando el rol de los civiles en la dictadura, y en especial de las familia Julio y Massot, entonces dueños de La Nueva Provincia.
La última dictadura cívico militar tuvo entre sus objetivos centrale instalar en nuestro país el modelo neoliberal. La pata civil de la dictadura fueron los impulsores de este proyecto.
Sin el papel disciplinador y generador de sentido de los medios masivos de comunicación, el accionar y los objetivos del régimen dictatorial, no podrían haberse perpetrado como lo hicieron.
En nuestra ciudad, y en toda la región, el diario La Nueva Provincia, propiedad de las familias Julio-Massot, ocupó un rol fundamental. A través de este pasquín los militares hacían aparecer, como producto falsos enfrentamientos, los cuerpos sin vida de desaparecidos y desaparecidas.
Las editoriales del diario sirvieron de sustento ideológico y adoctrinamiento de la sociedad. La creación del enemigo interno, necesario para generar las condiciones de secuestro y desaparición de una generación entera, puede encontrarse a lo largo de sus páginas.
Sus avisos, invitando a la sociedad a denunciar a jóvenes con participación política a los teléfonos del V Cuerpo de Ejército, fueron una constante de aquellos años.
El rol imprescindible del medio lo dejó en claro el genocida general Acdel Vilas, segundo comandante del Cuerpo V, aludió a La Nueva Provincia como un “valioso auxiliar de la conducción”.
Los propios trabajadores del diario sufrieron en carne propia la persecución. Los obreros gráficos, y delegados sindicales, Enrique Heinrich y Miguel A. Loyola fueron secuestrados el 30 de junio de 1976 y sus cuerpos fueron hallados en La Cueva de los Leones, maniatados, con signos evidentes de torturas y acribillados a balazos el 4 de julio del mismo año.
Por el caso de los obreros, y por el despliegue de accionar ideológica de La Nueva Provincia, el Ministerio Público Fiscal imputó a Vicente Gonzalo Massot.
El juez federal Álvaro Coleffi fue quien se animó a sentarlo en el banquillo en el año 2014, allí Massot sostuvo que quienes estaban a cargo de todo eran su madre y su hermano, pretendiendo desligar responsabilidades.
El poder de la familia Massot permaneció intacto a lo largo de los años y quedó explicitado en la operación mediática-judicial que sufrió el juez Coleffi luego de tomar la decisión de procesar a Vicente, y que concluyó con el apartamiento de su cargo.
Finalmente Massot consiguió que el poder judicial le dictará la falta de mérito.
