Este viernes el Gobierno nacional presentará ante la Corte Suprema un pedido de inconstitucionalidad contra la reforma de la carta magna jujeña impulsada por el gobernador radical Gerardo Morales. Esto sucede horas después de que la Justicia federal ordenara la protección de pueblos originarios y manifestantes que fueron brutalmente reprimidos por la policía de Morales.
Finalmente el Gobierno intervendrá en la crisis en Jujuy, donde Gerardo Morales mandó a reprimir a manifestantes y comunidades originarias que rechazaron la reforma constitucional.
Será el ministro de Justicia, Martín Soria, quien presentará este viernes la acción declarativa de la inconstitucionalidad de la Constitución de Jujuy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el escrito, se detalla:
“La Constitución provincial, en los aspectos que son objeto de crítica en el presente, violan gravemente derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales en los que la Nación es parte, comprometiendo en grado sumo la responsabilidad internacional del Estado Nacional”.
Días atrás, la Secretaría de Derechos Humanos que comanda Horacio Pietragalla le solicitó a la Justicia Federal que inicie una "investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión" llevada cabo en Jujuy.
Varias voces del Gobierno nacional y de Unión por la Patria (UP) se expresaron en repudio a la reforma constitucional, al igual que el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la CGT, las dos CTA, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y juristas, además de los gremios y comunidades originarias de Jujuy que encabezaron las protestas.
El rechazo a la reforma constitucional radica en los artículos sobre las tierras de las comunidades originarias y la criminalización de la protesta social.
En paralelo, también se baraja la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista de Jujuy. Esto, a raíz de que los constituyentes del sello justicialista votaron a favor de la reforma constitucional impulsada por Morales.
En respuesta, Morales publicó un mensaje en sus redes sociales para defender la reforma constitucional, y avizoró un insólito escenario en que el máximo tribunal del país analizará "la ampliación de derechos" de su reforma:
"Se confirma el intento de desestabilización en Jujuy. Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución", expresó.
Además, ya metido de lleno en la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde Morales competirá como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, el jujeño replica el discurso de mano dura que el Jefe de Gobierno porteño y su adversaria, Patricia Bullrich, hacen gala para ganar el voto duro opositor:
"Este tipo de reformas son las que necesita el país para dejar atrás la industria del piquete y la extorsión que nos viene destruyendo", afirmó Morales.
La Justicia Federal y la protección de los manifestantes
Caída la tarde de este jueves, Morales recibió un revés de parte de la Justicia Federal, que le ordenó proteger a las comunidades originarias y manifestantes que protestan contra su anticonstitucional reforma.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó a la Justicia Federal de Jujuy que intervenga en la protección de los pueblos indígenas y manifestantes “que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas jujeñas”, informó en sus redes sociales el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
La organización, junto con Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), había presentado un habeas corpus preventivo en el marco de las protestas que se llevaron a cabo bajo la consigna “no a la reforma de la Constitución”, que comenzaron unos días antes de su aprobación, el martes pasado.
🚨Represión en #Jujuy: La Cámara de Casación le ordenó a la justicia federal que intervenga en la protección de los pueblos indígenas y les manifestantes que ejercen su derecho a la protesta sobre las rutas. pic.twitter.com/krwgO2gddL
— ANDHES Derechos Humanos (@ANDHES_org) June 29, 2023
En sus redes sociales, el Cels, explicó que la decisión judicial:
“Exige que haya mecanismos de control sobre el despliegue e intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en rutas nacionales durante las protestas, para evitar que se siga con la represión policial”.
La presentación ante la Justicia había sido presentada, en realidad, ni bien comenzaron las detenciones sobre los cortes de ruta, previo a la votación que hizo la legislatura local a espaldas de la población para reformar la Constitución.
En ese entonces, los organismos, advirtieron que sobre las personas existe "una amenaza actual e inminente de ver violentadas su libertad ambulatoria e integridad física", lo que se tradujo en "las detenciones, aprehensiones y el traslado a dependencias policiales practicadas en el corte de ruta de la entrada a Purmamarca, por parte del cuerpo de Infantería de la Policía de la provincia de Jujuy".
Sin embargo, ante la presentación del hábeas corpus la justicia local se declaró incompetente.
Al declararse incompetente, el Poder Judicial jujeño -de vínculos cercanos a Morales- no controló el excesivo despliegue represivo.
De la misma manera, lo entendió la Cámara de Casación Penal, al considerar que esa incompetencia declarada por la justicia jujeña:
“Implicó la habilitación a una fuerza federal para realizar actos que podrían afectar el ejercicio del derecho que se pretende garantizar mediante el hábeas corpus”.
En esa línea, decidió hacer lugar al habeas corpus de manera "directa e inmediata", lo que constituye "la garantía más eficaz para el análisis amplio y desde toda perspectiva de las cuestiones en juego, dándole a todos los interesados la oportunidad con pleno acceso a Justicia de expresar el sentido y el alcance de sus derechos y de la pretensión que reclama".
La resolución de la Cámara revierte el argumento de Morales, quien desde un primer momento esbozó una irrisoria teoría conspirativa de que "el kirchnerismo y la izquierda" habrían coordinado las protestas en Jujuy para "desestabilizar" a su gobierno. La Sala IV de Casación la componen los jueves Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Javier Carbajo, de probados vínculos con el PRO.