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viernes, marzo 29, 2024

Empresarios presionan al Congreso para detener el juicio político a la Corte Suprema

Un grupo de 500 empresarios y profesionales publicaron una carta abierta dirigida a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en la que piden a los diputados que "desistan del intento" de abrir un proceso contra los magistrados. Entre tanto, la CGT y las dos CTA lanzaron un comunicado apoyando el pedido de Juicio Político.

El documento presentado por los empresarios estuvo coordinado por el abogado macrista Guillermo Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos.

En el escrito, los representantes de los principales grupos económicos concentrados piden a los diputados que "desistan del intento" de abrir un proceso de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal.

Además, argumentan que el pedido responde a "no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución".

En sentido contrario, y de forma casi simultánea, sindicatos cegetistas de la Corriente Federal y el Frente Sindical, junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, publicaron un documento en el que defienden el pedido de juicio político.

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La carta de los gremialistas cuestiona el fallo de la Corte en favor de CABA con respecto a la coparticipación, argumentando que se trata de una decisión arbitraria e ilegal, que va "en perjuicio del federalismo".

Asimismo, cuestionan "la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura", en la que los magistrados se arrogaron "funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas”.

Así, el pedido impulsado por el Gobierno Nacional supera el ámbito político y abarca la disputa entre empresarios y trabajadores, que califican de clasistas los fallos del máximo tribunal que benefician a los grupos económicos concentrados en perjuicio del resto de la sociedad.

La carta de los empresarios

En el documento de los empresarios, los firmantes acusan al Gobierno Nacional de "iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN" por "no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias".

Al respecto, señalan que es una "causa no prevista en la Constitución Nacional" y declaran que "es un desatino institucional". Por otro lado, apelan a su impacto en las inversiones extranjeras y declaran que:

"Además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?".

Asimismo, el escrito aclara que la Constitución es "el pacto social que une a los argentinos" y "el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país".

En ese sentido, resaltan que "el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial" son "elementos esenciales de dicho marco y "fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo".

La defensa de los empresarios sostiene que este es el "único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos".

Sobre el final del comunicado, los firmantes apelan a "la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo", y les piden que:

"Se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas".

Además del ya mencionado Guillermo Lipera, principal impulsor del documento, firman Juan Vaquer (presidente de ACDE), Santiago Mignone (tesorero de IDEA), y los empresarios Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchinson (Grupo Murchinson), Gerardo Cartellone (Grupo Cartelone), Nicolás Braun (La Anónima), Luis Bameule (ex Quickfood), Lisandro Bril (Axia Ventures) y Alejandro Elztain (CRESUD), entre otros. Se sumaron a ellos Amcham y Ledesma.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que varios de los firmantes presionan al poder legislativo, cuestionando la sanción de leyes que perjudican sus intereses económicos.

El comunicado de los trabajadores

En el sentido opuesto, la CGT, el Fresimona y ambas CTA, espacios liderados por Sergio Palazzo, Pablo Moyano, Hugo Yasky y Hugo Godoy, publicaron un comunicado en el que expresaron su respaldo al juicio contra los integrantes del máximo tribunal.

En él, cuestionaron la "arbitraria e ilegal sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires" que firmaron "los integrantes del máximo tribunal en perjuicio del federalismo y las provincias". Al respecto, agregaron que es:

"Una clara muestra del accionar en beneficio del PRO y la alianza Juntos por el Cambio como representantes de los grupos concentrados de poder".

Según argumentan el documento, al fallo "se sumó la escandalosa toma por asalto del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema" y "la decisión de Horacio Rosatti de colocarse como su presidente y arrogarse funciones legislativas".

"Ese integrante de la Corte", señalan en alución a Rosatti, "se arrogó funciones legislativas a través de fallos judiciales y acordadas", "revivió una ley derogada", "modificó a su gusto la integración del organismo y desconoció resoluciones de Diputados y el Senado". "Haciendo incluso caso omiso a fallos de tribunales inferiores", añaden.

Por otro lado, acusan al máximo tribunal de "ausencia de idoneidad y mal desempeño", recordando que "pretendió frenar los avances sobre derechos humanos al avalar el beneficio 2x1" en 2017, con el objetivo de "acelerar la liberación de detenidos por delitos de lesa humanidad".

Más adelante, se refiere al ataque de la corte a los derechos laborales, "contrariando el principio de progresividad del derecho del trabajo". En ese sentido, subrayan que:

"Limitó el derecho de huelga, desconoció la relación de dependencia de contratados, cercenó reclamos de responsabilidad solidaria por fraude laboral, redujo indemnizaciones por accidentes y consideró prescripto el reclamo de crédito laboral por crímenes de lesa humanidad".

"Otro tanto han realizado con la Obra Social del Poder Judicial", agregan, "con denuncias penales de malversación de fondos", "espionaje al interior hacia trabajadores", "pérdida de prestadores por incumplimiento de pago" y "falta de autorización en tratamientos". Así como:

"Tantos otros desmanejos sin control ni auditoría alguna, que han devenido en el pésimo servicio de salud a los afiliados y afiliadas, dañando de esta manera un derecho fundamental".

Finalmente, los gremios expresaron su apoyo al juicio político y aseguraron que defiende "la plena vigencia de la Constitución Nacional, la división de poderes, el federalismo, los derechos laborales y humanos".

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