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lunes, mayo 20, 2024

Javier Milei teme que la Corte Suprema rechace el mega DNU y apuntó contra tres de los jueces

El Presidente Javier Milei apuntó contra tres de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusó de tener una postura "poco amigable" con su mega DNU, y dejó expuesta su afinidad con Ricardo Lorenzetti.

En el marco de la conferencia AynRandCon 2024, Milei se refirió a la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.

"Al menos tres jueces de la corte han tomado, cómo decirlo, una posición bastante poco amigable con el DNU", comentó, y estaría haciendo referencia a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Quien habría sido omitido de los cuestionamientos es Ricardo Lorenzetti, con quien el presidente tiene cercanía, y con quien habría sostenido una reunión antes de las elecciones.

Además, el Ministro de la Corte es uno de los impulsores de la postulación del juez Ariel Lijo en el máximo tribunal.

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El camino del DNU

Los dichos del mandatario ocurren mientras el decreto se encuentra a la espera de ser tratado en la Cámara de Diputados y tras su rechazo en el Senado de la Nación. en medio de fuertes cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

Durante su entrevista en la conferencia, Milei aludió a la situación de la ley ómnibus, indicando que aunque fue aprobada en la Cámara baja en general, en el tratamiento en particular "aparecieron los curros" y quienes "no querían ningún cambio".

Algo similar ocurrió con el DNU -según el libertario-, "la casta de los senadores lo volteó y ahora queda en manos de lo que pase en la Cámara de Diputados". Fue en ese contexto que se pronunció sobre los jueces de la Corte.

En la previa de la sesión la Vocería Presidencial ya había dado cuenta del "potencial rechazo del DNU que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia" y había advertido que "conllevaría un grave retroceso en la necesidades del pueblo argentino".

La composición de la Corte

Aunque la mayoría del decreto se encuentra en vigencia, varios de sus artículos están judicializados, y el capítulo en el que se impulsa una reforma laboral se encuentra en suspenso y a la espera de ser tratada por el máximo tribunal.

A esto se suma la presentación de La Rioja en la que se exige a la Corte la "suspensión total de los efectos" de la iniciativa, alegando su inconstitucionalidad.

Si bien el máximo tribunal no se pronunció aún al respecto, el libertario teme que, si se abocara a tratarlo, se no recibiría buenas noticias.

Además, la Corte debe decidir sobre las 30 causas presentadas por 16 provincias en torno al Impuesto a las Ganancias, los recortes en educación, salud y jubilaciones, que en conjunto suman 1.000 millones de dólares.

La seguidilla de demandas ocurre mientras el oficialismo negocia con los gobernadores la nueva ley ómnibus que espera presentar en el Congreso esta semana, y la mayoría ya tienen dictamen en la Procuración General de la Nación.

Ante el temor de una multitud de sentencias adversas es que el oficialismo pretende asegurarse una composición de la Corte Suprema favorable, y en ese sentido impulsó la postulación del juez federal Ariel Lijo para reemplazar a Maqueda (próximo a cumplir 75 años).

A esto se suma la iniciativa para ocupar la vacante que dejó Elena Highton, lo que generaría una composición de la Corte más "amigable" con los intereses del presidente.

El futuro del DNU

Cabe señalar que ante el planteo de inconstitucionalidad presentado por La Rioja a fines de 2023, la Corte inicialmente pidió opinión al procurador general para dictaminar su competencia.

El procurador Eduardo Casal aseguró que el asunto es de competencia directa de la Corte. Sin embargo, el tribunal decidió aplazar su decisión hasta ver qué se resuelve en las cámaras legislativas.

Aunque el Presidente hubiera preferido tener la decisión de los jueces antes de la discusión del DNU, lo cierto es que en uno de los últimos fallos (Pino Seberino, 2021) la Corte fue taxativa sobre la atribución de facultades legislativas al Ejecutivo, aclarando que sólo puede ocurrir en casos de urgencia o ante la imposibilidad de que las Cámaras puedan reunirse.

Entre tanto, el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia solo puede responder a "situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones", y que configuren "un estado de excepción y el impedimento a recurrir al sistema normal de formación y sanción de las leyes".

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