El pasado sábado se iniciaron una serie de movilizaciones, que se extendieron durante la semana, tomas de varias municipalidades en la zona sur de Chile -Curacautín, Traiguén, Victoria y Collipulli- y acampes en la puerta de las cárceles en apoyo a los treinta presos políticos mapuches, en huelga de hambre desde hace 100 días.
El día de ayer se llevó a cabo una reunión entre representantes del Ministerio de Justicia y los presos mapuches. Sin embargo, del encuentro no surgió ningún tipo de acuerdo entre el gobierno y las comunidades.
“En Chile no existen presos políticos”
Esa fue respuesta del Ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez, ante la denuncia que realizó la oposición del Partido Por la Democracia (PPD) al pedir a la ONU observadores internacionales ante los atropellos de los derechos indígenas en el sur del país. Mientras tanto, los carabineros realizaron violentos desalojos de los municipios y de las familias que acompañaban los acampes. También se desarrollaron episodios de incendios de camiones e infraestructura de empresas forestales instaladas en la zona.
Conflicto histórico por la tierra
La Aracaunía es la región sur de Chile ubicada en la comuna de Temuco, lindante a la provincia argentina de Neuquén. Es una zona militarizada, por ser el escenario principal del llamado “conflicto mapuche”, un conflicto histórico entre la comunidad indígena y el Estado chileno, originado por los reclamos del pueblo mapuche, quienes exigen desde hace más de cien años el reconocimiento de la posesión del territorio. La tierra es el centro de conflicto ya que representa la identidad cultural de las comunidades.
En la actualidad existen 1.798 comunidades mapuches chilenas, de las cuales 42 están en conflicto. Los pueblos indígenas no están reconocidos en la constitución chilena a pesar de que los mapuches constituyen el 10% de la población total del país. Esa es una de las principales reivindicaciones, así como también la detener mayor representación en el Parlamento y la creación de un Ministerio Indígena.
El conflicto con empresas agrarias y forestales por la tierra es permanente y ha generado episodios de incendios y toma de posesión de la tierra por parte de las comunidades.
Ley Antiterrorista habilita la represión
Aún se encuentra vigente la ley Antiterrorista sancionada durante la dictadura de Pinochet, en el año 1984. La ley vulnera garantías constitucionales, ya que permite detener a una persona sin tener que presentarla ante un juez, así como imponer penas hasta tres veces superiores por delitos como incendios o tomas ilegales de terrenos, métodos más habituales de resistencia de los mapuches en la zona. Esta ley es la que se utiliza actualmente para procesar a numerosos “lonkos” –jefes mapuches- e integrantes de la comunidad, quienes son los que a la fecha llevan adelante las huelgas de hambre. Incluso, hasta hace pocos años, menores de edad eran encarcelados.
El fusilamiento de mapuches como accionar sistemático
Un punto de inflexión en la escalada de violencia fue el asesinato, el 14 de noviembre de 2018, de Camilo Catrillanca, un comunero mapuche de 24 años. Ese día, en pleno territorio indígena, murió de un disparo en la nuca efectuado por Carabineros, hecho que produjo movilizaciones en todo el país. Más no se trató de un caso aislado, sino que constituye un accionar sistemático por parte de las fuerzas policiales-militares. En 2002, los carabineros asesinaron a Alex Lemún, comunero mapuche de 17 años. En 2008 otro estudiante universitario, Matías Catrileo, de etnia mapuche, fue asesinado, y en 2009 el joven mapuche Jaime Mendoza murió de un disparo también efectuado por Carabineros.
El Gobierno se opone al diálogo
La espiral de violencia entre la comunidad y los carabineros se ha incrementado en los últimos años ante el incremento de la represión gubernamental. Uno de los principales proyectos del gobierno de Sebastián Piñera al inicio de su gestión, fue lograr la paz en la zona de La Araucanía. Aunque formalmente planteaba un programa político de diálogo entre el gobierno nacional y de desarrollo económico en las comunidades, en la práctica continuaron los allanamientos, persecución y hasta la tortura de los integrantes de la comunidad.
La represión en la zona se lleva a cabo por una “policía antiterrorista”, una fuerza especial de carabineros que, por orden del gobierno de Piñera, recibieron entrenamiento en Colombia del Comando Jungla de ese país, un escuadrón especializado para el combate contra el narcotráfico y la guerrilla de ese país. No puede sorprender entonces, que el gobierno nacional hable de diálogo, aunque en los hechos continúe implementando una política de feroz represión como única respuesta ante los reclamos de las comunidades indígenas.
