Perú vive otra jornada de fuertes protestas en todo el país reclamando la liberación del destituido presidente Pedro Castillo, la renuncia de Dina Boluarte al frente del Ejecutivo, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones inmediatas. Este jueves habrá una audiencia judicial para definir si Castillo sigue preso mientras las protestas dejan casi una decena de muertos.
El Gobierno peruano de facto declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por treinta días, mientras evalúa la posibilidad de instalar un toque de queda.
El inicio de una dictadura
Ayer, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el estado de sitio en todo el territorio nacional. La decisión supone la militarización del orden público e implica la suspensión de los derechos de libertad de tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio.
Aunque -por ahora- descartan un toque de queda en todo el país, evalúan aplicarlo en regiones determinadas si la situación se saliera del control de las autoridades.
En los hechos, el estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte (ex vicepresidenta electa por el Congreso para sustituir a Castillo) implica la instauración de una dictadura: un gobierno no electo por el voto popular suspende las garantías constitucionales más elementales y militariza el orden público.
Las manifestaciones a favor de Castillo iniciaron un día después de la destitución y detención del ex maestro rural.
Desde entonces, sin una convocatoria formal y con multiplicidad de reclamos, la mayoría de las consignas se resumen en:
- Renuncia de Boluarte;
- Llamado inmediato a elecciones;
- Cierre del Congreso;
- Liberación de Castillo (y algunos incluso exigen su retorno al poder);
- Y hasta una elección constituyente para reformar la Carta Magna.
Jueves decisivo
Para esta jornada está citado el Congreso a las 10 (las 12 de Argentina) para definir la fecha de las elecciones, luego de que Boluarte especulara con adelantarlas a fines de 2023 después de que una oferta anterior de celebrarlas en abril de 2024 no lograra erosionar las manifestaciones.
En paralelo, la Justicia postergó para hoy una audiencia en la que evaluará si libera a Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía para que siga en prisión preventiva por 18 meses.
El juez Juan Carlos Checkley aclaró hoy que Castillo deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia, a las 8.30 (10.30 en la Argentina). Al cierre de esta nota, la audiencia aún se encontraba deliberando.
Protestas en todo Perú
Las violentas protestas que se registran en Perú en demanda de elecciones generales anticipadas y la liberación de Castillo pueden derivar en “una asonada” contra el poder, advirtió el martes 13 de diciembre la Defensoría del Pueblo.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo nueve muertos y más de 200 heridos. Además, se han quemado sedes judiciales, comisarías y se han tomado aeropuertos.
Según la Defensoría, al menos seis personas murieron por arma de fuego de acuerdo a la necropsia. Entre los fallecidos hay tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.
En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría. En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas.
La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.
En Lima (la capital del país), cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas iniciaron un “paro indefinido” desde el martes 13 de diciembre, sumándose a los pedidos del cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
En desafío al estado de sitio, para hoy está anunciada un masiva marcha por el centro histórico de Lima, hasta donde vienen representaciones desde diferentes puntos del país a participar, y manifestaciones en numerosas regiones.
El reclamo por la defensa de la democracia
Las cancillerías de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia publicaron un comunicado en conjunto en el que expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
Los países latinoamericanos afirmaron que:
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento(…)“.
En el comunicado los gobiernos:
“Hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. (…). Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio“.
“Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial (…)”, concluye el documento.
Comunicado conjunto de los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia sobre la situación en Perú 👇🏼https://t.co/IINiFFqLSa
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) December 12, 2022
Por su parte, el ex presidente boliviano, Evo Morales, se expresó a través de redes sociales, en donde analizó:
“La solución a la crisis política de #Peru, país hermano, no es con más represión; sino con pacificación, investigación de las muertes y liberación del hermano @PedroCastilloTe. Lamentablemente, en pleno Siglo XXI sigue la discriminación por intereses políticos y sectoriales”.
De forma más contundente, tildó de “ilegítimo” al gobierno de Dina Boluarte, a raíz de las muertes de manifestantes en disturbios con la policía:
“Nos unimos al clamor de defensores de la vida y Derechos Humanos para exigir que paren la masacre de nuestros hermanos indígenas en #Perú que reclaman respeto a su voto y una democracia que los represente. Ningún gobierno que se manche las manos con sangre del pueblo es legítimo”.
Nos unimos al clamor de defensores de la vida y Derechos Humanos para exigir que paren la masacre de nuestros hermanos indígenas en #Perú que reclaman respeto a su voto y una democracia que los represente. Ningún gobierno que se manche las manos con sangre del pueblo es legítimo pic.twitter.com/8NTwnFT3Mj
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 13, 2022
Antecedentes del estallido
Castillo, un maestro rural y activista de izquierda de 53 años, fue detenido el miércoles de la semana pasada luego de que intentara disolver el Congreso antes de que este votara, por tercera vez desde su asunción, en julio de 2021, una moción para destituirlo.
En aquel comunicado, Castillo también había anunciado la reforma de todo el Poder Judicial y el llamado a elecciones constituyentes para reformar la Constitución Política del Perú.
En su plataforma electoral, Castillo había prometido las reformas constitucional y agraria.
Las Fuerzas Armadas no apoyaron a Castillo, y el Congreso, dominado por la oposición de derecha, votó su destitución. Posteriormente fue detenido por la policía y estallaron las protestas en todo el país.
