El Congreso peruano removió a Dina Boluarte de la presidencia a 6 meses de las elecciones en el país y puso en su lugar al derechista José Jerí. Boluarte había llegado al puesto tras la destitución de Pedro Castillo en 2022.
El Congreso peruano cerró este jueves un capítulo más de la prolongada crisis política que atraviesa el país al destituir a Dina Boluarte de la presidencia mediante un proceso exprés que reunió 122 votos a favor de un total de 130 legisladores, superando ampliamente los 87 votos requeridos para concretar la medida.
La resolución legislativa declaró la “permanente incapacidad moral” de Boluarte para continuar al frente del Ejecutivo, una causal contemplada en la Constitución peruana que ha sido utilizada reiteradamente en años recientes para apartar mandatarios.
Con esta determinación, José Jerí, actual presidente del Congreso y miembro del partido derechista Somos Perú, asumió de manera interina la jefatura del Estado hasta las elecciones generales convocadas para abril de 2026, que se realizarán dentro de seis meses.
Un final abrupto y un proceso exprés
La salida de Boluarte pone fin a una gestión de dos años y diez meses que comenzó en diciembre de 2022, cuando asumió la presidencia tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.
El izquierdista Castillo había protagonizado un fallido intento de disolver el Congreso antes de ser apartado, abriendo paso a que su compañera de fórmula se convirtiera en la primera mujer en ocupar la presidencia del país andino.
Durante su tiempo en el poder, Boluarte se mantuvo gracias al respaldo de fuerzas de derecha que controlan el Parlamento, las mismas que paradójicamente impulsaron las mociones que culminaron con su destitución.
Entre los promotores del proceso figuran partidos con líderes que tienen aspiraciones presidenciales, como Renovación Popular, del ultraconservador Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, y Podemos Perú, del empresario José Luna.
El procedimiento parlamentario se desarrolló con inusitada rapidez. En el transcurso de una sola jornada se acumularon cuatro mociones de destitución presentadas de manera repentina y sin previo aviso.
La principal causa invocada por los congresistas fue la incapacidad de la mandataria para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, particularmente el incremento de la extorsión y la criminalidad.
“El país ha sido maltratado por el gabinete y la presidenta. Ha crecido la extorsión, la criminalidad, pero ella sigue viviendo en una fantasía. Merece ser castigada”, declaró la congresista Norma Yarrow, del partido Renovación Popular.
Boluarte no compareció ante el hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, decisión que anunció su abogado Juan Carlos Portugal a través de redes sociales: “Un debido proceso parlamentario tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas”.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que le recomendó a la gobernante no asistir porque desconocían el contenido de las mociones presentadas en su contra.
Ante la ausencia de Boluarte, el presidente del Congreso José Jerí determinó continuar con el proceso. “En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia”, señaló. Un grupo de parlamentarios planteó entonces una cuestión previa para evitar el debate y proceder directamente a la votación, lo que finalmente ocurrió.
Otro capítulo de una crisis política crónica
La ahora expresidenta deja el cargo como la mandataria más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas 3% según diversas encuestas. Su gestión estuvo marcada por múltiples controversias que derivaron en once investigaciones fiscales por graves delitos contra los derechos humanos y presunta corrupción.
Entre los principales señalamientos figura la responsabilidad por la muerte de más de 50 personas durante la represión de protestas que reclamaban nuevas elecciones tras la detención de Castillo, ocurridas entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.
También se le investiga por supuestamente recibir joyas de lujo no declaradas, como relojes Rolex, en el escándalo conocido como “Rolexgate” que estalló en 2024. Adicionalmente, enfrenta acusaciones por no informar que estaría impedida físicamente para ejercer el cargo cuando se sometió a cirugías estéticas, y por presuntamente encubrir la fuga del líder de Perú Libre.
Con la destitución, Boluarte pierde el fuero que la protegía como presidenta, por lo que ahora podrá ser enjuiciada y eventualmente condenada. El fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que solicitará a un juez que se le prohíba salir del territorio nacional.
El expresidente Pedro Castillo, quien permanece encarcelado y siempre definió a Boluarte como una “usurpadora” del cargo, comentó la situación desde prisión: “Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que el final y la justicia terminarán por cercarlos, quieren borrar sus huellas del escenario de la dictadura“.
Desde 2016, el país ha visto desfilar a siete mandatarios: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte y ahora José Jerí como presidente interino. De estos, dos fueron destituidos, dos renunciaron y uno completó un mandato interino.
La figura de la “incapacidad moral permanente“, utilizada para apartar a Kuczynski, Vizcarra, Castillo y ahora Boluarte, ha sido señalada por analistas como una herramienta que facilita la remoción de presidentes sin necesidad de comprobar delitos concretos, contribuyendo al ciclo de inestabilidad que caracteriza la política peruana contemporánea.
