El 19 de noviembre del 2019 se produce la “Masacre de Senkata” en distrito 8 de El Alto, en La Paz, donde se encuentra instalada la planta de Senkata que alberga a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que abastece de gas licuado en garrafas y gasolina a la ciudad de La Paz.
La misma fue bloqueada durante varios días por vecinos auto convocados con el fin de impedir la salida de cisternas con carburantes en señal de protesta en contra del golpe de estado, pedir la renuncia de Áñez y rechazar la renuncia de Morales.
Un operativo militar-policial arribó hasta la entrada de la planta de carburantes, mientras en el cielo sobrevolaban dos helicópteros y un avión. Cuando llegaron al lugar empezaron a lanzar gases lacrimógenos y bastonazos a los manifestantes logrando desbloquear el ingreso con el objetivo de retirar las cisternas con carburantes. Luego, se retiraron escoltando un convoy de 49 camiones cisternas que abastecieron a los surtidores con carburantes en la ciudad de La Paz.
Posterior a este suceso, los manifestantes derribaron una parte de los muros perimetrales de la planta de senkata con sus propias manos e intentaron volver a bloquear su ingreso. En ese momento, se desata una represión brutal y feroz en la que se fusiló a personas desarmadas, los disparos también provenían de los helicópteros y se detuvo al médico que asistió a los heridos, luego de viralizarse un video en que pedía ayuda desde el lugar de los hechos y relataba: “Nos están matando como a perros”.
El saldo fue de 10 personas muertas, 65 heridos y más un centenar de detenidos. Se denunció la desaparición de cuerpos que los militares arrastraron adentro de la planta de combustible.
El ministro de defensa, Luis Fernando López sostuvo ese mismo día: “El ejército no disparó ni un solo proyectil” durante el operativo, y acusó a personas afines al Movimiento al Socialismo (M.A.S.) de querer tomar la planta de combustible, incendiarla y hacerla explotar produciendo miles de muertos. Señalo que los manifestantes estaban alcoholizados y que “recibían órdenes y dinero” y fueron catalogados de “terroristas”.
Sin embargo, los muchos impactos de balas en portones de metal, paredes de casas vecinas del frente de planta de Senkata y las autopsias de los cuerpos con heridas de bala de plomo en la cabeza y en torso, desacreditaron los dichos sobre que desde las F.F.A.A. no había salido ni un solo disparo y dejan en evidencia que se disparó a matar. De la represión participaron más de 200 militares y policías de a pie y motorizados, una docena de carros de asalto, dos helicópteros y un avión de caza
Para poder acceder a atención médica los heridos y sus familiares tuvieron que atravesar una odisea de derivaciones interminables entre postas de atención primaria, hospitales y clínicas privadas, por la falta de tomógrafos o equipos para operar heridas complejas de bala. Por otro lado, en los centros de salud a los heridos les negaban la atención bajo acusación ser “masistas”.
Por este motivo, muchos heridos prefirieron quedarse en sus casas en reposo sin recibir atención médica por miedo porque en los centros médicos eran perseguidos y hostigados por los militares y la policía, acusándolos de “terroristas”.
El 21 de noviembre del 2019, la población alteña bajó en una multitudinaria marcha con un cortejo fúnebre que cargaba los cuerpos de sus muertos en ataúdes, con el propósito de llegar hasta la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz. La caravana estaba conformada por las víctimas y los familiares de los fallecidos, heridos, detenidos y por el pueblo alteño que acompañaba al grito de: “El alto de pié, nunca de rodillas”.
Los manifestantes sostenían en alto sus Whipalas, bandera que simboliza la resistencia indígena, exigiendo la renuncia de Áñez. Al aproximarse cerca de la Plaza Murillo, el ejército avanzó con sus tanquetas y sin piedad reprimió brutalmente la marcha y gasificó en medio del luto y no respeto la presencia de los fallecidos en ataúdes. Las imágenes son de extrema crueldad que se viralizaron y recorrieron el mundo.
Se observaban los ataúdes abandonados en medio de la calle porque sus deudos tuvieron que salir corriendo para protegerse ante la represión, y los gases lacrimógenos.
El 11 de diciembre del 2019 la CIDH. califico de masacres las muertes de civiles ocurridas en El Alto y en Sacaba: “En criterio de la comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, expreso la comisión a partir de un informe lapidario hacia el gobierno de facto.
El 24 de enero del 2020 la C.I.D.H. anunció un acuerdo con el gobierno de facto para crear un grupo independiente de expertos internacionales (G.I.E.I.) que ayude a investigar los hechos de violencia en el contexto electoral entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019.
El golpe de estado y las masacres contra el pueblo boliviano
El 10 de noviembre del 2019 se concreta el golpe de estado en Bolivia y Evo Morales, presidente constitucional y legítimo es obligado a renunciar a pedido del comandante general de las F.F.A.A., Williams Kaliman.
El 12 de noviembre se autoproclama presidenta Jeanine Áñez en una asamblea legislativa vacía, y con la biblia en la mano en alto. El 15 de noviembre se promulga el decreto supremo 4.078 que otorgó licencia para matar a las F.F.A.A., y las eximió de responsabilidad penal para reprimir movilizaciones contra el golpe de estado.
En su art. 3 se establecía: “El personal de las F.F.A.A. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad publica estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad”.
El mismo día en que se aprueba el decreto 4.078, empiezan las masacres hacia el pueblo boliviano que salió a las calles a repudiar el golpe y pedir la renuncia de Áñez. El 15 de noviembre del 2019 se produce la masacre de sacaba contra los cocaleros que se manifestaban pacíficamente en Cochabamba.
Cuatro días después, el 19 Noviembre del 2019, otra baño de sangre cubre la historia del país, se llevó a cabo la masacre de senkata contra el pueblo de El Alto en La Paz.
Ambas regiones se caracterizan por ser el núcleo duro de resistencia indígena al golpe y por ser determinantes en el proceso histórico que condijo a Evo Morales a ser presidente de Bolivia. El polémico decreto fue derogado finalmente el 28 de noviembre del 2019 por la fuerte presión nacional e internacional, incluyendo a organismos como la (CIDH).
Áñez sostuvo que podía derogarse el decreto porque ya se había logrado la “ansiada pacificación” del país. Mientras estuvo en vigencia, fue el marco legal para que se llevaran a cabo las masacres de sacaba y senkata con el fin de lograr imponer un nuevo reordenamiento político, el control social y atemorizar a la población para desarticular la organización social.
Seis meses de impunidad y sin detenidos por las masacres
El 7 de marzo del 2020 se interpuso una moción de cesura contra el ministro de defensa, Luis Fernando López, uno de los principales responsables de las masacres de sacaba y senkata. La moción se logró con el voto mayoritario de la asamblea legislativa por su ausencia injustificada a tres audiencias requeridas para dar explicaciones por estas masacres.
Se procedió a su destitución en cumplimiento de lo que establece la constitución, que un ministro censurado debe ser destituido. Se nombró de manera provisoria a otro militar, Ramiro Peñaloza.
Pocas horas después, Jeanine Áñez en su afán de avasallar toda institucionalidad, no respeto la decisión de la asamblea legislativa y le tomó juramento por segunda vez, al ministro de defensa recientemente destituido. Hasta la fecha no hay investigación abierta en el país, ni detenidos por las masacres.
El Alto, un pueblo heroico indígena, protagonista de Octubre Negro
El pueblo alteño es un pueblo heroico, uno de los núcleos de resistencia indígena ante el golpe y protagonista de un hito histórico en el país que se conoce con el nombre de “Octubre Negro”, y que acabó con la renuncia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que gobernó el país entre 1993-1997 y 2002-2003 y que escapó junto a su ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín a EU.
Ambos responsables de la represión sangrienta de las protestas que se originaron tras el anuncio de exportar gas natural boliviano a EU, a través de un puente chileno a bajos precios en momentos en que la cobertura de gas en el país era mínima. Las acciones protagonizadas por civiles en este contexto se denominan la “Guerra del Gas” que dejó un saldo de 63 muertos y más de 400 heridos.
Este acontecimiento fue precursor de la llegada al poder de Evo Morales en el 2006. El 3 de abril de 2018 Gonzalo Sánchez de Lozada fue hallado responsable de “ejecuciones extrajudiciales” en el 2003 en Bolivia por un tribunal de EU que lo condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a las familias de 8 personas asesinadas, pero el jurado lo exonero de haber cometido “homicidio culposo”.
Sin embargo, meses más tarde un juez federal, James Cohn lo libró de culpa y cargo. El juicio tuvo lugar gracias a una ley de protección para las víctimas de tortura de ámbito extraterritorial, que permite procesar delitos cometidos fuera del país en tribunales federales de EU.
Carlos Sánchez Berzaín festejó el golpe de estado del pasado 10 de noviembre del 2019 en Bolivia desde EU y sostuvo que volvería al país para hacer política y acabar con el estado plurinacional. Abogó por la “vuelta a la república”, y sostuvo que pretende enjuiciar a Evo Morales tras las movilizaciones del 2003 que condijeron a la caída del gobierno del que formaba parte.
