El Gobierno nacional confirmó que decidió retirar la acusación que la administración de Mauricio Macri había asentado en nombre de Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad durante el chavismo.
Este miércoles fuentes diplomáticas confirmaron la noticia difundida en primer lugar por el portal Russia Today (RT), aclarando que el Gobierno retiró la carpeta y la acusación contra Venezuela el pasado 25 de marzo, un día después de que nuestro país concretara su salida del Grupo de Lima.
Entonces Cancillería, conducida por Felipe Solá, justificó su alejamiento afirmando que las acciones del grupo no habían “conducido a nada”.
Según se detalló ahora, al día siguiente de esa decisión la embajada argentina ante los Países Bajos (encabezada por Mario Oyarzabal) envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda ratificando el retiro de todas las gestiones iniciadas contra Venezuela.
“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, explicitaba el texto.
La iniciativa contra Venezuela había sido informada por Macri en agosto de 2018, cuando manifestó que junto a otros mandatarios de la región iba a presentar un pedido para que se investiguen posibles crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela.
Finalmente la presentación se realizó junto Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, además del cuestionado secretario General de la OEA Luis Almagro.
Cabe resaltar que, con quizás la excepción de Canadá, ninguno de estos actores se encuentra particularmente libre de toda culpa:
En Colombia se registraron decenas de muertos en las represiones de la policía contra manifestantes en las protestas por las políticas de Duque; Paraguay aún debe esclarecer el hecho del asesinato -o ejecución- de dos niñas argentinas en un supuesto operativo contra un grupo insurgente; y en Perú la herencia fujimorista sigue violando los derechos humanos desde hace décadas; mientras tanto, en Chile, los repetidos abusos político-policiales y la desigualdad social llevaron al estallido chileno que hasta el día de conduce hacia una reforma constitucional.
Por otro lado, Luis Almagro es cuestionado por su mirada benevolente hacia los recientes golpes de Estado en nuestra región, teniendo como principal ejemplo el boliviano.
Desde que asumió, Alberto Fernández no se sintió cómodo con la retórica confrontativa del Grupo de Lima pero decidió permanecer en disidencia hasta el cambio de gobierno en Estados Unidos.
Con Joe Biden en la Casa Blanca, el gobierno argentino espera que Washington descomprima la presión contra Caracas y empodere al Grupo de Contacto Internacional que promueve un solución dialogada y electoral de la crisis.
Fernández quiere mediar entre Biden y Maduro para poder fortalecer la estabilidad política regional.
Si bien el gobierno defiende el informe de Bachelet en la ONU sobre Venezuela, Alberto dijo hace algunos días que el tema “había desaparecido de la agenda“.
Desde la Rosada entienden que hay que dejar de poner a Venezuela en el centro del debate público argentino.
