La campaña electoral a punto de concluir ha evidenciado la necesidad del Estado en relación a cómo mostrar lo que hace con los recursos que le provee un sistema tributario e impositivo que no es el más pesado ni progresivo del mundo, pero sí ha sido puesto en cuestión como raíz de los males.
En ese sentido, parece haber quedado en evidencia que más importantes que los anuncios de obras o las fotos de sus inauguraciones son los números que la acción estatal -cotidiana o extraordinaria- aporta a las comunidades para la dinámica de sus economías. En materia de empleo, consumo o posibilidades de incrementar la producción de bienes y servicios con el mejoramiento de la infraestructura.
Es el caso de Bahía Blanca y el conjunto del sudoeste bonaerense, que están frente a una de sus grandes oportunidades históricas con el desarrollo incipiente en torno al reservorio no convencional de Vaca Muerta.
El debate de postulantes a la intendencia municipal que se concretó antes de las generales dejó la sensación de que esa previsión es prácticamente unánime. Lo que quedará por delante serán las discusiones en torno al modo de aprovechar el desarrollo y cómo distribuirlo y combinarlo con otras producciones de la zona, consolidadas ya o incipientes.
Estado de la cuestión
Un primer punto es la visibilización del conjunto del Estado, que –contrariamente a lo naturalizado- no es sólo el Poder Ejecutivo. En suelo bahiense anidan la Municipalidad local y organismos de los gobiernos nacional y provincial, pero también el Concejo Deliberante; la Justicia Federal y la Bonaerense; los sistemas públicos de salud, educación, seguridad y defensa; las empresas de capital mixto y los entes descentralizados como las Universidades.
Además de los servicios que brindan, suponen salarios, inversiones en obras y compras a proveedores. Esos recursos generan empleos directos e indirectos que se vuelcan sobre el consumo local o regional. Sirve como ejemplo un reciente estudio del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que expone cómo los tan criticados feriados-puente y la inversión en infraestructura vial han mejorado o podrían mejorar, según el caso, las posibilidades de desarrollo del turismo regional.
En cuanto a vías más inmediatas de aporte a la economía local, esta columna ya reseñó el caso de la propia UNS. Su funcionamiento vuelca al consumo local no sólo casi la totalidad de su presupuesto de 13 mil millones de pesos, destinado a salarios, sino también la inversión de familias de la región para el estudio de sus hijas e hijos en la ciudad sede. La Canasta Básica Universitaria elaborada por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca permite calcularla, a valores actuales, en torno a los 27 mil millones de pesos por año.
Un recorte presupuestario o el arancelamiento del sistema afectarían directamente a esos 40 mil millones de pesos anuales que hacen a la economía bahiense. A ello se agregaría la merma en el servicio que brinda, con consecuencias tanto inmediatas como de largo plazo.
Cuestión de Estado
No resulta sencillo encontrar datos sobre la cuantía de empleos directos del sector público en el aglomerado de Bahía Blanca, uno de los 31 medidos por el INDEC, pese a que la población económicamente activa se releva con regularidad.
Para el segundo semestre de 2015, la cantidad de personas asalariadas en el ámbito público rondaba las 24 mil. El número se había mantenido constante durante la década previa, modificándose sólo la composición del total: crecieron los puestos formales y se redujeron en similar proporción los precarios. Es posible suponer que la sumatoria no haya experimentado variaciones sustanciales al presente.
La cifra orilla un 15% del total de población económicamente activa, que para el segundo semestre de este año se estimaba en 164 mil personas. Es un porcentual pequeño en relación al imaginario instalado, pero relevante a la hora de considerar los riesgos que un recorte representaría para la economía local.
Además de resentir el consumo, la pérdida del poder adquisitivo del salario o la poda de la planta estatal vía despidos saturaría aún más el mercado de trabajo. La tasa de desocupación se mantiene bastante debajo de los dos dígitos, marcando actualmente 6,1, casi en línea exacta con la del país. Sin embargo, la presión de la oferta de mano de obra sobre la demanda suma otros dos ítems: la de quienes buscan un segundo empleo o cambiar el que tienen. En ese caso, la tasa bahiense supera el 25%.
La calculadora de quien lea esta nota podrá entretenerse estimando el impacto que sobre ese porcentual tendría una diminución X de puestos, presionando a la baja los salarios. Todo ello sin contar los costos humanos, la merma en los servicios estatales y la sobrecarga de la demanda de asistencia social y sanitaria por parte de las familias afectadas por desempleo, subempleo o empleo precario. Además, se agravarían las preocupantes dificultades ya existentes para la incorporación de jóvenes al mercado laboral formal, por un incremento en la competencia.
Derrames tóxicos
Dos gobernadores de distinto color político, el radical jujeño Gerardo Morales y el peronista bonaerense Axel Kicillof, advirtieron en los últimos días el impacto que tendría en sus provincias una merma en los recursos girados desde el Estado nacional.
Morales, que se declaró prescindente ante el balotaje del domingo 19, aseguró incluso que en tal caso Jujuy no podría pagar sueldos de estatales al menos hasta abril. Su provincia está altamente comprometida por dos factores: presenta altos índices de endeudamiento y bajos de autonomía tributaria.
Entre 2019 y 2023, la provincia de Buenos Aires inició un proceso de desendeudamiento sobre la base del difícil escenario previo: en los cuatro años anteriores, su deuda había pasado de representar el 62 al 90% de sus recursos tributarios anuales.
En el caso bonaerense, la autonomía tributaria –la generación de recursos tributarios propios- es más alta que el de casi todas las jurisdicciones subnacionales. De todos modos, continúa siendo amplio el porcentual de dependencia de fondos provenientes del Estado nacional, sin contar con que una recesión económica afectaría directamente la capacidad recaudatoria provincial. La dependencia municipal es mucho mayor, porque sus potestades están limitadas al cobro de tasas por servicios, estando vedada a las comunas la creación de impuestos.
La optimización de la estructura estatal y su modernización y eficiencia son debates válidos y necesarios, que se han dado incluso a un lado y otro de la imaginaria cortina cuando todavía existía la Guerra Fría. Sea cual fuera el enfoque, cada medida posible reclama un estudio profundo y una comunicación clara, de modo de no lamentar consecuencias irremediables o que cueste demasiado tiempo revertir.