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jueves, enero 26, 2023

La IGJ comprobó diversas irregularidades de sociedades financieras vinculadas a Mauricio Macri

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La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció una sucesión de maniobras de la justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires que tenían por objetivo cubrir irregularidades del armado financiero del ex presidente Mauricio Macri. 16 funcionarios judiciales denunciados por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Fideicomisos no tan ciegos

Mauricio Macri es el accionista minoritario de la sociedad Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), sociedad que no le distribuyó nunca ganancias a ninguno de los socios, con excepción del expresidente a quien le entregó, en concepto de utilidades durante 2017, 2018, 2019, la suma de 54.286.824 pesos, pese a que en dos de esos tres años Agro G tuvo pérdidas.

La IGJ calculó que los 54 millones de pesos, actualizados, suman 1.092.254 dólares. Cifra que el expresidente debería devolverle a la sociedad a raíz de las irregularidades en el cobro.

El organismo presidido por Ricardo Nissen, inició en el mes de enero de 2020 una investigación sobre el funcionamiento de lo que Macri llamó «Fideicomiso Ciego de Administración» de sus bienes.

Cuando estalló el escándalo de Panamá Papers, en que se detectaron sociedades y cuentas de Macri en el exterior, el entonces mandatorio anunció que aportaba sus bienes a una sociedad que recibió el nombre de Seguridad Financiera S.A. y que sería manejado por personas ajenas a él, lo que evitaba que el entonces presidente hiciera negocios durante su mandato y utilizara a su favor la información que tiene un presidente.

Pero Macri no puso en el fideicomiso la mayoría de sus bienes y Seguridad Financiera no fue manejada por «personas ajenas», sino por escribanos de su entorno.

La mirada de la IGJ se posó sobre una de las sociedades que Macri puso en el fideicomiso y en la que el expresidente tenía una participación supuestamente minoritaria.

Agro G era un conglomerado familiar en el que Macri poseía el 15% de las acciones.

La sociedad nunca distribuyó dividendos y sus directores renunciaron a cobrar sueldos. Así ocurrió entre 2007 y 2013. En ese último año se decidió hacer una ampliación de capital de cinco millones de pesos, pero el único socio que compró esas acciones fue Macri.

La IGJ denunció varias irregularidades, como por ejemplo que las acciones se entregaron al irrisorio precio de un peso cada una, siendo que las anteriores valían mil pesos cada una.

Años más tarde, Agro G siguió sin distribuir dividendos hasta que en 2020, cuando terminó el fideicomiso ciego, le reintegraron -solamente- a Macri los 54 millones de pesos.

Un dato llamativo es que Macri recibió los fondos en cheques endosados de otra sociedad, Latin Bio S.A., en la que la esposa del expresidente, Juliana Awada, es accionista. E

El 27 de abril de 2021, la IGJ resolvió promover acciones de nulidad de esos actos y otros del fideicomiso Seguridad Financiera.

Blindaje y complicidad judicial

Como si fuera poco, un sector del Poder Judicial intentó cubrir al expresidente. Primero, en una maniobra que la IGJ califica como de fórum shopping (elegir el juez), el expediente fue a la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Los magistrados admitieron que la ampliación de capital fue irregular, pero consideraron improcedente la declaración de irregularidad e ineficacia del cobro de los 54 millones.

La IGJ argumentó: “si la ampliación de capital fue inválido, mal puede avalarse la legalidad del pago de dividendos a quien se hizo con esas acciones de la ampliación de capital”.

Ante esa resolución, el organismo conducido por Nissen denunció a nueve de los 16 integrantes de la Cámara por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La IGJ pidió la intervención judicial de Agro G, lo que fue rechazado por la jueza María José Gigy Trainor el mes pasado.

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