La polémica desatada a raíz del video donde Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense en tiempos de Vidal, habla de la "Gestapo" antisindical, no sólo golpea a la alianza Juntos por el Cambio, sino que también visibiliza una dura aunque desconocida interna entre los espías de la AFI: la "grieta" entre la "Línea histórica" y los novatos traídos por Cambiemos, muchos de ellos provenientes de la Policía.
El tribunal de Comodoro Py busca quedarse con la causa de la "Gestapo" macrista. El principal argumento es dónde ocurrió la reunión en la que el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas detalló el modus operandi del lawfare en PBA. El expediente podría terminar en los tribunales federales de Retiro, algo claramente preocupante por la tendencia de ese juzgado de favorecer a los imputados macristas en causas de espionaje ilegal y corrupción.
Los investigadores tienen prácticamente determinado que fue en las oficinas del Banco Provincia de la Capital Federal. Entonces, por territorio (jurisdicción) y estando involucrados ex funcionarios federales (los espías), la causa debería transitar por los tribunales de Retiro.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a su colega platense Ernesto Kreplak la copia completa del expediente que está en plena etapa inicial de investigación. Lo hizo a instancias de los abogados del ex vicepresidente Amado Boudou, su amigo José María Núñez Carmona y el ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
Los tres –representados por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort- fueron espiados cuando estuvieron presos en la cárcel de Ezeiza.
“Se requiere se certifique si en el Juzgado a vuestro cargo tramita o tramitó alguna denuncia vinculada sobre el armado de una causa judicial a la seccional UOCRA La Plata en relación con las manifestaciones que recientemente surgieron en los medios periodísticos respecto del ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas. En el caso de que así sea, se solicita la remisión de las copias de dicho expediente (que podría tratarse de la causa FLP 18933/2021) y del material de prueba allí aportado”, le reclamó Martínez de Giorgi a Kreplak.
Respecto de la causa "Gestapo", hay un revés de la trama que discurre por afuera de la investigación judicial y, por lo tanto, no parece del interés del juez Kreplak y de la fiscal Ana Russo.
Suponer que el hallazgo del video fue accidental es, cuanto mínimo, cuestionable.
La secuencia completa, que dura unas dos horas, muestra que más allá de las explicaciones del ex ministro Villegas y del intendente de La Plata, Julio Garro, a los empresarios que debían participar de la persecución, es el espía Darío Biorci el blanco principal.
En el momento en que ocurrió la reunión la conducción de la AFI estaba sólida y monolítica a pesar de la desconfianza que ya se tenían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La “mesa chica” de la AFI estaba integrada por ellos dos, más Biorci (pariente de Majdalani) y los otros espías que participaron en la reunión, Juan Sebastián De Stéfano y Diego Dalmau Pereyra.Todos los agentes de inteligencia presentes en la reunión tenían línea directa con la conducción de la AFI. Esto hace caer la floja teoría del "cuentapropismo" de los espías. Es imposible asumir que la "mesa chica" de la Agencia trabajaba por fuera de los lineamientos de la misma.
Cabe preguntarse si hay más videos, u otro tipo de documentación salida de actos de espionaje interno.
En junio de 2020, la intervención de la AFI halló las fichas de periodistas, académicos y organizaciones sociales espiadas para decidir las acreditaciones para las cumbres del G-20 y la Organización Mundial de Comercio.
Por esa época también, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, investigando a un narco de la zona sur del Gran Buenos Aires, se tropezó con una tonelada de documentación sobre el espionaje ilegal a un amplio abanico de dirigentes políticos, de Cristina Fernández de Kirchner a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
A fines de 2020 estalló la investigación por el Proyecto AMBA, el desembarco de la AFI en la provincia de Buenos Aires que sirvió de mascarada para el espionaje ilegal a más de 180 organizaciones gremiales, sociales, comedores populares y hasta clérigos.
El juez Ramos Padilla -cuando subrrogaba en Dolores- pudo avanzar pese a que un jefe de inteligencia en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez, destruyó casi toda la documentación sobre las actividades por una orden verbal y telefónica de alguien a quien nunca identificó. La destrucción no fue total; quedaron vestigios en computadoras que se creían fuera de servicio.
En otras computadoras igual de olvidadas quedaron las pruebas que permitieron avanzar con el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, la única causa por la que el ex presidente Mauricio Macri termina 2021 como procesado.
Todos fueron hallazgos accidentales.
En rigor, lo que parece emerger es una interna por el uso político de la AFI que llevaron adelante Arribas y Majdalani, a través de la contratación de aspirantes improvisados a espías, muchos de ellos provenientes de la Policía de la Ciudad o de vínculos políticos.
Eso produjo una fuerte división interna en la AFI. Los históricos (“la línea”, según la identificación interna) y los novatos que trajo Cambiemos. Estos últimos no dejaron travesura sin cometer y habían comenzado a pagar ese costo.
La interna de la AFI, no obstante, podría salirse de los pasillos de la Agencia. Ahora, hay temor y paranoia generalizada en Juntos por el Cambio por la colección de videos u otra documentación que podría estar guardada, esperando por ver la luz, y que podría complicar aún más a los ex-funcionarios cambiemitas que empiezan a pagar el costo de sus atropellos a la democracia.