• 25 de septiembre de 2022

Macri y el fiscal Curi conspiran contra la interventora de la AFI, Cristina Caamaño

La causa por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan nuevamente muestra la coordinación entre Mauricio Macri y el fiscal del caso, Juan Pablo Curi. El ex presidente logró que se cite como testigo a Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo cuya gestión se denunciaron estas tareas de inteligencia ilegal. La intención del fiscal Curi es seguir la estrategia de la defensa del ex-presidente.

En el pliego de preguntas que le enviaron a Caamaño quedó en evidencia que ni a Macri, ni al ex titular de la AFI Gustavo Arribas ni al fiscal Curi le interesan los seguimientos e infiltraciones a los familiares de los tripulantes del submarino.

No hicieron ni una pregunta al respecto. Pero el fiscal Curi fue más allá: sus preguntas siguen la estrategia de defensa de Macri, que alega las tareas de inteligencia las realizó Casa Militar, el área de seguridad presidencial, y para que las responda Arribas, no Caamaño.

El pliego de preguntas enviadas a Caamaño desde el juzgado a cargo del juez Martín Bava, son 20 en total pero 14 las hizo el fiscal Curi. Las 6 restantes se las dividieron a medias entre Macri y su hombre en la AFI, Gustavo Arribas.

Las preguntas de Macri no tienen sentido, son consultas sobre la figura del Presidente en la Ley de Inteligencia. Las de Arribas se concentraron en poner en duda la forma en que la intervención de la AFI encontró la evidencia del espionaje.

Pero las que llaman la atención son las del fiscal Curi, que no preguntó nada sobre esas evidencias encontradas por la gestión Caamaño sino que apuntan, en línea con la defensa de Macri, a los supuestos vínculos de la AFI macrista con la Casa Militar.

Pareciera buscar con la coartada de la seguridad presidencial algún recoveco burocrático que deslinde la responsabilidad del Presidente en las tareas ilegales de inteligencia que se investigan en el caso.

En lugar de indagar sobre los 6 hechos por los que está imputado Macri, el fiscal Curi se limitó a preguntas sobre cuestiones burocráticas. Preguntó obviedades como quién estaba a cargo de la AFI antes de la llegada de Caamaño, cuáles eran las funciones de cada área del organismo durante la gestión Arribas, quién tenía que controlar lo que se hacía sobre las bases de la AFI en todo el país (en línea con la que cuestiona el exjefe del organismos de inteligencia), si existió la posibilidad de cuentapropismo, cuál era el rol de la AFI para la seguridad presidencial de Macri, de qué modo informaban a Macri sobre cuestiones vinculadas a sus traslados y cómo fue el vínculo de la AFI con Casa Militar, el área de seguridad presidencial.

En particular el fiscal Curi preguntó si existía un área de la AFI que funcionara de enlace con Casa Militar y qué se hacía con los informes de esa área. Se trata del área Avanzada Presidencial.

En síntesis, todas las preguntas del fiscal Curi son más para Arribas que para Caamaño, ya que versan sobre lo que sucedió durante la gestión macrista y no sobre la actual. Más aún, siguen la línea que trazó el propio Macri, cuando reconoció que hubo tareas de inteligencia sobre las familias de los tripulantes del submarino y alegó que criticarlas “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente que a cada lugar que va tiene que saber, naturalmente, con quien se va a reunir”.

Una cosa es saber con quién se reunirá el presidente y otra bien distinta son los seguimientos e infiltraciones que sufrieron los familiares del ARA San Juan.

Son al menos 6 hechos, ya acreditados en el expediente. Uno, puntual, del 3 de febrero de 2018, hace a los temas que le preguntarían a Macri los familiares en una reunión que se concretó tres días después de las tareas ilegales de inteligencia.

Arribas, ex señor 5 de la AFI, sólo envió 3 preguntas que versan sobre lo mismo: cómo fue el procedimiento para la obtención de evidencia digital con la que se inició esta causa. Todo indica que su estrategia es apuntar al origen de la prueba que desencadenó este expediente y se halló en la AFI.

Le preocupa saber cómo apareció la evidencia pero no preguntó nada sobre la destrucción de archivos en la base Mar del Plata de la AFI, que tuvo a su cargo el espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Macri, por su parte, también envió 3 preguntas para Caamaño. La primera para que ratifique la denuncia, algo que no le corresponde a él sino al juez. Las otras dos son cuestiones puntuales sobre el rol del Presidente en la Ley de Inteligencia Nacional que podrían evacuarse con su simple lectura. El artículo 12 de esa ley dice que “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”, que la AFI funciona bajo su órbita y que es quien nombra y desplaza a sus titulares.

Caamaño tiene 5 días para contestar las preguntas. Fue relevada de guardar confidencialidad y secreto por el presidente Alberto Fernández al igual que otros 6 ex funcionarios de Macri: el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Cecati, el ex titular de la Casa Militar José Luis Yofre y su sucesor Alejando Guglielmi, y el ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.

Salvo Ritondo, el resto ya declaró y no colaboró mucho a la estrategia de Macri.

Ni las defensas de Macri y Arribas ni el fiscal le preguntaron a Caamaño por los 6 hechos que se investigan en el expediente y dan cuenta del espionaje ilegal:

  1. Seguimientos coordinados el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino, a familiares y confección de informes de inteligencia.
  2. El 3 de febrero de 2018, agentes espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero siguiente.
  3. Una semana después, el 10 de febrero, se hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.
  4. El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.
  5. En el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.
  6. Diez casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia. En lo que hace a este punto, en la causa constan 22 documentos “en donde se refleja algún tipo de tarea de seguimiento e infiltraciones en distintas marchas y/o reclamos efectuados por las y los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, de los buques pesqueros ‘Rigel’ y ‘El Repunte’”. El primero data del 28 de diciembre de 2017.

El antecedente

No es la primera vez que el fiscal Curi y Pablo Lanusse, el abogado de Macri, trabajan en tándem. Esto se pudo ver en la indagatoria suspendida de Macri el pasado 28 de octubre. Todo quedó registrado en el acta de la indagatoria fallida.

Ese día, apenas salió del juzgado de Dolores, el abogado de Macri dijo que la audiencia se suspendió porque el juez Bava se olvidó de pedir el relevamiento de secreto de Estado para el ex presidente. Pero el juez no debía hacerlo, por el simple hecho de que solo Macri podía saber qué diría.

La indagatoria consiste en informarle al imputado, en este caso Macri, de los hechos de los que se lo acusa. Y el imputado, Macri, puede defenderse, y eso incluye negarse a declarar o incluso mentir.

Es su derecho y para eso no necesitaba ningún relevamiento de secreto. Lo que pasó fue otra cosa, una estrategia dilatoria de Macri y su abogado Lanusse que contó con la complicidad del fiscal Curi. Y una reacción razonable del juez Bava, que la suspendió para evitar nulidades posteriores.

El documento donde quedó registrado lo que sucedió en la indagatoria da cuenta de que el juez Bava le hizo saber a Macri que el 1 de octubre, es decir, el día que lo citó por primera vez indagatoria, le requirió a la AFI “que informe si para este acto era necesario el relevamiento del Secreto”.

Caamaño, la actual interventora de la AFI, en primer lugar le dijo que no le correspondía a ella “relevar de la obligación de guardar secreto al ex Presidente de la Nación” por la sencilla razón de que es su superior jerárquico. Es decir, que en caso de necesitarse ese relevamiento del secreto era una tarea para el actual presidente Fernández. Pero Caamaño agregó algo más:

“Que en caso de que el ex Presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del Título V de la Ley 25.520 modificada por ley N 27.126 (se refiere a la Ley de Inteligencia), deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva”.

En concreto, Caamaño dejó por escrito que la indagatoria se podía realizar igual y que en caso de que Macri abordara alguna cuestión resguardada por el secreto de Estado se debía registrar bajo reserva. Pero no pasó.

Cuando el juez Bava informó de esa respuesta de Caamaño el abogado de Macri buscó suspender la indagatoria y para eso contó con la complicidad del fiscal Curi. Así quedó registrado:

“Acto seguido, la defensa solicita se suspenda el acto atento que considera que el relevamiento del secreto obrante en la ley 25.520, lo debe realizar debidamente el actual Presidente de la Nación”.

Ante este escenario, el juez Bava le pidió opinión al fiscal Curi, cuya tarea es controlar la legalidad de todo esto. “Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el mismo coincidió con el planteo realizado por la defensa”, escribió Bava en el acta de la indagatoria. Coincidencia de la defensa de Macri con el fiscal Curi.

El final es conocido: el presidente Fernández relevó del secreto a Macri, este fue a Dolores, presentó un escrito y no reveló ningún secreto de Estado. Además, el expresidente se basó en aquella fallida indagatoria para volver a pedir el apartamiento de Bava, algo que debe resolver la Cámara Federal de Mar del Plata a la brevedad.

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