El Gobierno extendió hasta 2021 la prohibición de cortar servicios públicos por falta de pago

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El gobierno nacional prorrogó nuevamente la prohibición de interrumpir por falta de pago la prestación de servicios públicos, que se había decretado en marzo de este año ante la pandemia del COVID-19.

La medida regirá entonces hasta el 31 de diciembre y amplia de seis a siete la cantidad de facturas no pagas que pueden acumular las y los usuarios de servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.

Del mismo modo, se extiende asimismo hasta fin de año la obligación de las empresas prestadoras de estos servicios de mantener un servicio reducido, en caso de falta de pago.

La norma se fundamenta en la necesidad e “garantizar –en el marco de esta emergencia– el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)”.

La medida alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas, y aquellos quienes tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM).

Del mismo modo, también rige para usuarios que registrados en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados. Lo mismo trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que ganen un salario bruto menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles.

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Redacción

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