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jueves, mayo 23, 2024

Espionaje en CABA: Investigan si Arribas y Majdalani también fueron víctimas

El Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi solicitó a su par Ariel Lijo información sobre el uso irregular de datos biométricos de la Ciudad de Buenos Aires para espiar a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, jefes de la AFI durante el gobierno macrista, así como a otros ex agentes de la central de inteligencia.

Hasta ahora, el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, era investigado por utilizar el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad para hacer tareas de espionaje ilegal sobre políticos, periodistas y jueces. Con el pedido de Martínez de Giorgi, la investigación se extiende a los exjefes de los espías y a los "cuentapropistas".

El escrito presentado por el Juez Federal, y que fue recibido tanto por Lijo (a cargo de las causas por espionaje ilegal del anterior gobierno) como por otros estamentos del gobierno porteño, requiere "al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 de esta ciudad, en relación a la causa 2360/2022", remita información "en relación a las consultas realizadas en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad sobre las siguientes personas".

La lista incluye a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Diego Dalmau Pereyra, Alan Ruiz, Juan De Stefano, Jorge Horacio Saez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, Daiana Baldasarre, Andrés Rodríguez, María Belén Saez, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos y Jonathan Nievas.

Cabe recordar, que la cartera de Justicia y Seguridad porteña estuvo encabezada por Marcelo D'alessandro hasta hace pocos días. El funcionario renunció luego de que se filtrara una seguidilla de chats en los que arreglaba licitaciones con empresarios amigosofrecía aviones a fiscales cercanos y hablaba con el vocero del presidente de la Corte Suprema para coordinar estrategias judiciales contra el gobierno nacional.

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Por otro lado, Martínez de Giorgi indicó "respecto de cada una de las consultas", que "deberán informarse fechas y los horarios, como así también el usuario que las hubiera realizado". En ese sentido, también:

"Se deberá informar si de aquella investigación surgen datos respecto de la adquisición de equipos de seguimiento y vigilancia por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ministerio de Justicia y Seguridad y se identifiquen, en su caso, las empresas proveedoras".

El uso irregular de datos biométricos

La investigación sobre el uso irregular de datos biométricos por parte del Gobierno Porteño se enmarca en la causa 2360/2022 (a la que hace referencia Martínez de Giorgi), y surgió a partir de un amparo presentado por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) contra el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP).

En este contexto, se denunció que el gobierno de Larreta utilizó el sistema previsto destinado a buscar a unos 40 mil prófugos para acceder a los datos biométricos de alrededor de 11 millones de personas.

A raíz de la presentación, Roberto Gallardo, quien es el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la CABA, decidió suspender de manera preventiva el uso del sistema.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia porteño hizo lugar a una recusación planteada por la administración porteña contra Gallardo y lo apartó de la causa. Sumado a esto, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el gobierno de la Ciudad contra la suspensión del sistema.

Más adelante, la jueza porteña Elena Liberatori (en la que recayó la causa), declaró inconstitucional el SRFP, ya que "se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes". Según el fallo, que fue apelado:

"Resulta de prístina claridad que el SRPF posee inconsistencias y errores en los procesos administrativos de alta/baja/modificación, observando también vestigios del entorno de desarrollo que deberían encontrarse solucionados al momento de implementarse en modelo de producción".

Por su parte, Gallardo aseguró que "la información recolectada permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA".

Finalmente, el expediente derivó en una causa ante el fuero federal que instruye el juez Ariel Lijo, e investiga a:

  • Marcelo D´Alessandro (ex Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA)
  • Gastón Leopoldo Navarro (Subsecretario de Tecnología e Informática del ministerio)
  • Cecilia Inés Amigo (Coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA)
  • Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática)

Asimismo, Martínez de Giorgi envió un oficio al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad "con el objeto de solicitarle que informe respecto de la adquisición por parte de esa cartera de tecnología de seguimiento y vigilancia", "anillos digitales, cámaras y geolocalización" y, en su caso, "se detallen las empresas proveedoras o prestadoras de tales servicios que hubieran sido contratadas, entre los años 2016 y 2021".

¿Qué dice el Código Penal?

Según el artículo 157 del Código Penal, corresponden penas de hasta dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación al:

"Funcionario público que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley".

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