El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) halló irregularidades en el cálculo de multas que favorecía a las empresas y en perjuicio del Estado en el marco de un acuerdo económico que se celebró en mayo del 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se investiga una diferencia de 28 mil millones de pesos en la causa "Lopetegui Gustavo y otros, por malversación de caudales públicos”. Es el ex secretario de Energía quien se encuentra bajo la lupa.
Federico Basualdo, interventor del ENRE, instó a la Asesoría Jurídica del organismo para que presente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, la documentación respaldatoria de la auditoría realizada al “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones locales” celebrado por Lopetegui y el ex Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico Juan Antonio Garade y las empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
Como resultado de la auditoría, la intervención del organismo detectó irregularidades en los cálculos que integran al acuerdo. Allí se contabilizaron las acreencias reclamadas por las concesionarias al Estado nacional por el congelamiento tarifario y las deudas por sanciones acumuladas por las empresas con el público.
Este cálculo se realizó con el método no oficial “ad hoc”, que invirtió el carácter de los resultados. Las empresas pasaron de ser deudoras del Estado a ser acreedoras. Si se realiza el mismo cálculo con el mecanismo que es oficial desde 2006, resulta que cada una adeuda miles de millones de pesos.
En la causa, se investiga si Lopetegui y Garade realizaron “maniobras de administración presupuestaria que podrían haber generado beneficios económicos indebidos a favor de las concesionarias Edenor S.A. y Edesur S.A.” pero también si los montos fueron correctamente calculados, ya que según la denuncia “el total actualizado de sanciones pecuniarias ascendería a treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000), lo que representaría devoluciones aproximadas de siete mil pesos ($7.000) por usuario”.
Sin embargo, sin la intervención del ENRE, el gobierno nacional habría reconocido multas por siete mil millones de pesos ($7.000.000.000); por lo tanto los reintegros serían de mil doscientos pesos ($1.200) por usuario.