Once son las fórmulas que se presentan para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 7 de febrero del año 2021 en Ecuador. Seis binomios presidenciales quedaron oficializados luego de realizarse esta semana las elecciones primarias, una votación democrática interna que cada partido llevo a cabo de manera virtual.
El movimiento Centro Democrático de Ecuador presentó de forma oficial al ex presidente Rafael Correa como candidato a vicepresidente, acompañando a Andrés Arauz para la presidencia.
¿Quién es Andrés Arauz?
Resultó sorpresiva la postulación de Andrés Arauz como candidato a la presidencia, no sólo por su corta edad de 35 años, sino también por ser la primera vez que se presenta para un cargo electivo. Sin embargo, el economista tiene una gran trayectoria como funcionario público durante la gestión de Rafael Correa (2007-2017).
Arauz se desempeñó como ministro de Cultura y director del Banco Central. Fue delegado de presidencia ante el Consejo Nacional de Valores y del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero. También estuvo al frente del Servicio de Contratación Pública y ejerció como ministro Coordinador de Talento Humano.
La edad del economista no es un dato menor puesto que la gran mayoría del electorado ecuatoriano está por debajo de los 40 años. Por otro lado, la presentación de una “cara nueva” es una apuesta a la renovación en un clima de tensión política por las acusaciones cruzadas de corrupción entre el oficialismo y la oposición.
La pandemia en Ecuador
Siete de cada diez ecuatorianos (71,7%) creen que el Gobierno Nacional podría haber evitado muertes durante la pandemia. Ecuador fue uno de los principales focos de la pandemia en la región. Las imágenes que llegaron desde Guayaquil, donde cientos de cadáveres estaban siendo abandonados en las calles dan cuenta de la rápida saturación del sistema sanitario en el país.
El número oficial de fallecidos por Covid hasta la fecha es de 9.800 y 105 mil contagiados. Sin embargo, se calcula que las cifras son mucho más elevadas, dado que la mayoría de las personas no llega a ser diagnosticada ni atendida en los hospitales. Las muertes por causas naturales se dispararon en comparación al año anterior. Según el Registro Civil, de enero a julio hubo 28.200 casos más con respecto al mismo periodo de 2019. Incluso se crearon “escuadrones” de sanitaristas, quienes se encargan de recolectar los cuerpos de las personas que mueren en sus casas sospechadas de haber contraído coronavirus.
El neoliberalismo en tiempos de Lenin
Por otro lado, la crisis económica actual no es únicamente producto de la pandemia, sino una consecuencia de la política neoliberal implementada por el gobierno de Lenin desde su llegada al Palacio de Condorcet en 2017.
El endeudamiento de Ecuador con el FMI es de 4 mil millones de dólares –recientemente reestructurado- junto a un ajuste fiscal y achicamiento de las capacidades estatales, generaron a fines del 2019 una ola masiva de protestas lideradas por movimientos indígenas-campesinos. En octubre del año pasado, el anuncio de un aumento del precio de la gasolina generó el peor estallido social desd hacía más de una década.
Las manifestaciones con epicentro en Quito se extendieron durante varios días y fueron ferozmente reprimidas por policías y militares dejando un saldo de 11 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos. Lo cierto es que el precio de la gasolina fue la punta del iceberg ante un malestar generalizado de la población por las políticas de ajuste en un contexto de caída del precio internacional del petróleo, principal commoditie del país.
Continúa la persecución a Correa
El lawfare contra Rafael Correa y los principales líderes políticos del correísmo fue impulsado por el actual presidente Lenin Moreno, quien fuera vicepresidente durante dos mandatos de Correa, siendo además el ex presidente Mashi la persona que lo designó para sucederlo en el cargo.
La proscripción se llevó a cabo una partir de una consulta popular inconstitucional en febrero de 2018 en la cual se impedía la presentación electoral de cualquier ex presidente y la inhabilitación para las candidaturas de cualquiera que tuviera condenas de corrupción. En 2017, Correa se exilió en Bélgica, lugar donde reside actualmente. Tiene una condena en segunda instancia a una pena de ocho años de cárcel y 25 años de suspensión de los derechos políticos por la “causa soborno” que carece de pruebas judiciales sólidas.
Por otro lado, una norma electoral modificada recientemente tiene como intención continuar obstaculizando el regreso de Correa al gobierno. La inscripción de los precandidatos ahora exige la presencia física ante el Consejo Nacional Electoral, hecho que hace peligrar la candidatura de Correa.
El propio Arauz presentó en julio un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para suspender la nueva norma y exigir que se pueda hacer en un consulado, como sucedía antes. “Tenemos firma electrónica, videoconferencia, notarios, consulados. Con estas herramientas vamos a inscribir a Rafael Correa como vicepresidente", replicó el futuro candidato presidencial de la izquierda ecuatoriana en la presentación vía Zoom.
Panorama incierto
Hace pocas semanas el Tribunal Electoral finalmente habilitó la presentación del partido político Unión por la Esperanza -del binomio Arauz-Correa- que se encontraba injustificadamente impugnado. No obstante, la puja político- judicial por la candidatura de Rafael Correa continua vigente. En septiembre las candidaturas deberán ser inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para su calificación. Solo una vez que superen este proceso, serán oficialmente candidatos para las elecciones presidenciales de febrero.
La popularidad de Lenin no podría estar peor, según una encuesta reciente de CELAG, el 83,4% de los ecuatorianos evalúan negativamente la gestión del gobierno. El descontento popular por la grave situación económica y sanitaria puede funcionar como una ventana de oportunidad para finalmente habilitar la postulación de Correa. Sin embargo, el gobierno no dará fácilmente el brazo a torcer ya que su continuidad en el poder depende de la efectividad de la estrategia de lawfare desplegada contra el ex presidente y los líderes políticos del correísmo.