Según publica el portal El Destape, el gobierno nacional espió masivamente a jueces, incluyendo a los supremos Juan Carlos Maqueda y al camarista Martín Irurzun. Por estas maniobras ilegales la AFIP y la UIF quedarón en el ojo de la tormenta.
El operativo de espionaje ilegal alcanza a 21 de los principales jueces del país, incluyendo a gran parte de los magistrados de Comodoro Py y de otros tribunales que tramitan expedientes con alta relevancia política y mediática.
La investigación la lleva adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González. La noticia genera mayores rispideces entre el presidente saliente Mauricio Macri y jueces tanto oficialistas como independientes, y llega en un momento en el que Macri analiza exiliarse del país tras la salida de Casa Rosada
El gobierno nacional espió masivamente a jueces
Según reconstruye El Destape, son al menos 21 los magistrados que sufrieron actividades de inteligencia fuera del marco de la ley impulsadas desde el gobierno de Mauricio Macri y ejecutadas por diversos organismos públicos.
Entre los principales nombres están el de Maqueda e Irurzun, aunque también se destacan gran parte de Comodoro Py, incluyendo a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini y al propio Canicoba Corral.
Por su parte, Canicoba Corral es quien está al frente de la investigación, aunque separó su caso del resto y lo envió a sorteo, tocándole a María Romilda Servini ex de Cubría.
Además, habrían sido víctimas de espionaje jueces que se desempeñan en tribunales a cargo de juicios de alto impacto político como Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino.
También habrían sido espíados jueces del fuero penal económico, entre los que se nombran Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova.
¿Qué organismos estatales participaron de las presuntas maniobras de inteligencia ilegal?
Según la investigación de El Destape, son varias las dependencias estatales que quedaron implicadas en la investigación de Canicoba Corral y Servini, entre las que nombran el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.
Con la excepción de la Polícia de la Ciudad y las dependencias de la Corte Suprema, el resto tienen como terminal el Poder Ejecutivo en manos de Mauricio Macri y específicamente la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich, así como al titular de la UIF, Mariano Federici.
Canicoba Corral les solicitó a dichas dependencia que informen "en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior".
La hipótesis de la investigación
El fiscal González emitió un dictamen el pasado 27 de septiembre en el que manifiesta que busca desentrañar si desde dichas dependencias estatales "se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal".
La hipótesis es que la información generadas a partir de tareas ilegales se utilizó con diversos fines, como la publicación en medios de comunicación oficialistas como modo de extorsión o "apriete". Otros artículos sirvieron para iniciar denuncias a magistrados en el Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, Canicoba Corral intimó a la Dirección Nacional de Migraciones que "informe si hubo solicitudes de información migratoria en los últimos dos años" respecto de los presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, los presidentes de los distintos bloques parlamentarios de Senadores y de Diputados, así como de “ministros del PEN y de la provincia de Buenos Aires; gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno de CABA; el director y la subdirectora de la AFI” e incluso de Carlos Pagni y Gustavo Vera, de la Alameda.
Si bien el juez aún no recibió las respuestas de todos los organismos a los que se le solicitó, la información recabada por el momento por Canicoba Corral es alamante. En consencuencia también extendió la consulta al Banco Central y a la AFIP.