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Una denuncia de corrupción contra Alfredo Cornejo complica a Cambiemos en la previa de la elección de gobernador en Mendoza

Denuncia de Corrupción contra Cornejo: ¿se financia con una asociación ilícita?

Mendoza

Una denuncia de corrupción contra Alfredo Cornejo complica a Cambiemos en la previa de la elección de gobernador en Mendoza

El próximo domingo, 29 de septiembre, las y los mendocinas elegirán quien los gobierne por los próximos cuatro años. Recientemente, en las PASO nacionales, el Frente de Todos se impuso por sobre el macrismo en la provincia que gobierna el presidente de la UCR. El actual gobernador Alfredo Cornejo promueve la candidatura del intendente de Mendoza capital, Rodolfo Suárez, mientras que la senadora Anabel Fernández Sagasti competirá por el Frente Elegí, la versión mendocina del Frente de Todos. En la previa de la elección para gobernador de Mendoza, una denuncia de corrupción contra Cornejo se cuela en el debate público.

La asociación ilícita que financia a Cambiemos en Mendoza

La denuncia penal contra el gobernador Alfredo Cornejo, su gabinete, el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Carlos Alberto Pérez e importantes funcionarios nacionales del Ministerio de Transporte de la Nación por graves hechos de corrupción tiene fecha del jueves 18 de julio, pero tomó estado público en los últimos días.

El ingeniero Horacio Creus radicó la denuncia con el patrocinio del Doctor Marcelo Parrilli por hechos de corrupción cometidos por los funcionarios políticos antes mencionados en complicidad con empresarios mendocinos, como el Ingeniero Antonio Malnis (presidente y accionista controlante de INSTEC MEC S.A.), Fabián Andreu (director del Grupo Andreu), así como accionista y apoderados legales de la sociedad Verificación Técnica Drummond SA.

La denuncia consta de 186 fojas y fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9 de la Capital Federal a cargo del Dr. Luis Osvaldo Rodríguez con intervención de la Fiscalía Federal nro. 1 a cargo del Dr. Jorge Felipe Di Lello. Los tipos penales involucrados son “fraude a la administración pública, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita derivadas de conductas ilícitas generalizadas en la gestión de la administración provincial con la participación necesaria de funcionarios nacionales”.

En el escrito, fundamentado en documentación oficial, se indica que la Revisión Técnica de Vehículos (RTV) en la provincia de Mendoza, estaría siendo entregada ilegalmente a un monopolio del transporte cercano al poder político nacional y provincial. Concretamente, se refiere que sectores clave del Estado son ocupados por representantes de estas empresas, las cuales financiaron campañas políticas a cambio de monopolizar aún más el sector.

De este modo, se han direccionado proyectos de ley, así como decretos y resoluciones, las cuales analizan en detalle, aduciendo que se redactaron por fuera de las estructuras del Estado. Esto sería con la finalidad de generar una “caja recaudadora” para financiar ilegalmente la política oficialista así como generar cuantíosas riquezas a funcionarios y empresarios, en detrimento económico del Estado provincial, nacional y de la ciudadanía en general.

Además, en la denuncia se aduce que la justicia provincial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, está siendo manipulada con el fin de obstaculizar acciones legales que vayan en contra de estos intereses espúreos.

El escrito destaca asimismo que cada mendocina o mendocino deberá pagar a perpetuidad, anualmente, una suma de 700 pesos para un motocicleta o 1000 pesos para un auto de alta gama. También señalan el costo de $200 de la etiqueta que se adhiere al parabrisas delantero del vehículo para acreditar el cumplimiento de la RTV.

Fuente: GentTV

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