Otra denuncia a la AFI macrista: desmanejos por $10,8 millones y U$S 115.890

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La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó una nueva denuncia penal contra la anterior dirección de la AFI y solicitó que se convoque a Mauricio Macri a delcaracion indagatoria, lo mismo que a los extitulares, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros. La denuncia es por irregularidades en obras y contrataciones de empresas constructoras.

La denuncia se refiere a tres operaciones que tuvieron lugar durante la gestión de Arribas y Majdalani, con el decreto 656/16 vigente, que permitía el secreto en los gastos de la Agencia. Las irregularidades son por compras y contrataciones por $10,8 millones y U$S 115.890

Estos hechos fueron descubiertos en virtud de una auditoría interna de la AFI en coordinación con la Sindicatura General de la Nación, que analizó compras y contrataciones durante la vigencia del decreto que permitía los gastos reservados.

Según la denuncia de Caamaño:

“Con la excusa del secretismo se consumaron contrataciones en abierta infracción a las reglas y normas de administración de fondos públicos de la Agencia, apartándose de los principios de transparencia, legalidad, razonabilidad, concurrencia y responsabilidad de los funcionarios intervinientes”.

Las tres contrataciones ilegales

El primer hecho que relata la denucia de Caamaño se por la contratación directa, entre agosto y octubre de 2016, de dos firmas con el objeto de realizar la remodelación integral del 5° piso de la sede central (Dirección General) y la obra termomecánica del mismo lugar.

La AFI abonó $10.599.239 por estas obras y según los cálculos de la interventora  “representa U$S 706.616 al tipo de cambio de ese momento. Es decir, la remodelación alcanzó la suma final de $21.719 por metro cuadrado, a lo que debe añadirse que gran parte de los materiales que figuran en el pliego y que fueron abonados con fondos públicos no coinciden con los que actualmente se encuentran en el edificio”

La Agencia tercerizó las obras delegando en una firma las funciones correspondientes al Estado, por lo que la denuncia señala que una empresa adjudicataria “ejerció competencias que son exclusivas de la Administración Pública, al efectuar el pliego de la obra y, más aún, sugerir la contratación de la empresa finalmente seleccionada para realizar parte de los trabajos, a pesar de haber cotizado un precio superior”.

“De este modo, resulta evidente que no existió un criterio legítimo, de procedencia por urgencia o emergencia, razones de seguridad o defensa nacional, ni de necesidad lógica razonable de contratación, toda vez que la propuesta fue dispuesta por una empresa privada y no por la propia Administración Federal”.

La segunda contratación denunciada tiene como beneficiaria a una firma para la provisión e instalación de un mástil, en noviembre de 2016. Por este trabajito, la AFI macrista pagó U$S 106.855.

“A pesar de tratarse de un proveedor local, con sede en el país y cuyos bienes y servicios no son importados, la Agencia realizó el pago en dólares, no encontrándose ninguna justificación para tal proceder, que derivó en un grave perjuicio económico” reza la denuncia que además señala que en el mismo expediente hay una ampliación de la contratación por otros U$S 9.038 por trabajos ya presupuestados.

Es decir, no sólo se pagó en dólares sino que En la “se habría pagado dos veces el mismo servicio”.

La tercera denuncia es por otra contratación directa realizada en mayo de 2016 para obras de pintura general y reparaciones en un edificio de la AFI por un monto de 277.586 pesos.

“El procedimiento administrativo se efectuó por fuera de la normativa vigente, con la particularidad de que, según la documentación encontrada en la Agencia, la obra en cuestión se realizó con anterioridad a la conformación del respectivo expediente. Es decir, primero se habría realizado la obra en modo discrecional y posteriormente se armó el expediente y se perfeccionó el contrato, incumpliendo el debido proceso tanto de forma como de fondo, y vulnerando los principios de transparencia, legalidad y razonabilidad establecidos para el manejo de fondos públicos”.

La interventora Caamaño enmarcó los hechos denunciados en los delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público.

Además de Macri, Arribas y Majdalani, la exfiscal federal pidió que se cite a indagatoria al exdirector de Gestión Económica y Financiera, Juan José Gallea, y al ex director de Infraestructura y Patrimonio del organismo, Javier Jorge Peire.

Además, se solicitaron informes a las empresas involucradas en estas maniobras como medidas de prueba. Se trata de NH Construcciones S.R.L, Emprendimientos Anchorena S.R.L., Tecnel Electrónica S.R.L., Mega Soluciones S.R.L.

No obstante, la denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, que dejó Rodolfo Canicoba Corral y es ocupado actualmente por Julián Ercolini, un jueces que beneficio al macrismo siendo un activo impulsor del lawfare contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus ex funcionarios.

 

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Redacción

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