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jueves, marzo 28, 2024

Denuncian a Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por venta ilegal de armas de fuego

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra Mauricio Macri y de los directores de la AFI durante su presidencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La denuncia es por unas 290 armas que estaban en la AFI y que fueron vendidas a funcionarios y agentes.

La denuncia es por venta de armamento de fuego “de distinto calibre que integraba el patrimonio” de la AFI, “permitiendo a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco armas por persona a un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad, y además prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.

Esta situación fue corroborada por el ex director de Operaciones de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, en su declaración ante la Bicameral de Inteligencia.

La causa tramitará en el juzgado de Daniel Rafecas, que investigará junto al fiscal Federico Delgado. También se investigará a otro funcionario de la AFI de identidad reservada: Gastón Quindi Villerga, quien en redes sociales se presenta como Campeón Internacional de Tiro Práctico.

La denuncia contra Macri, al igual que otras denuncias por espionaje ilegal durante su gestión, se basa en el artículo 12 de la Ley de Inteligencia Nacional “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, máxima autoridad nacional del Sistema de Inteligencia”.

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En la denuncia, Caamaño detalla que “el entonces director general de la AFI (Arribas) dictó dos resoluciones, una en agosto de 2017 y la otra en diciembre de 2018 -carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico- que fueron las que en definitiva permitieron se lleve a cabo el procedimiento”.

La primera de las resoluciones de Arribas escribe que “en condiciones de rezago el armamento” las vendían “por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación” por lo que autoriza “la venta del armamento (…) a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean Credencial de Legítimo Usuario” los cuales abonaban con un “descuento de haberes”, es decir, de su sueldo que entonces se cobraba en negro y en sobres, hasta la intervención de Caamaño.

El valor real de esas armas es altamente superior al precio que pagaban funcionarios y agentes para comprarlas en el mercadito negro de Arribas y Majdalani. Una Pistola Fm Bowning 9mm cuesta 200 dólares y las vendían a 3.900 pesos; las escopetas Beretta 12/70 y las Pistolas Smith / Wesson 9mm de 300 dólares se vendían a 5.800 pesos; las Beretta 92FS 9mm, las Pistolas Glock 17 y 19 9mm compensadas, el Revolver Colt Detective 38spl, el Revolver Ruger 357 y el Revolver Colt Trooper 357 que cuestan 400 dólares se pagaban 7.900 pesos.

Según señala la denuncia, los precios no alcanzaban el “20% del valor real de un arma usada en el mercado formal” y que los revólveres Ruger y Colt Trooper se trataban de “armas de colección que no se consiguen en el mercado”, en particular el revolver Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”.

También se detalla que “la puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal” y que “la tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, y se señala que “el escaso valor asignado a las 296 armas que se vendieron a agentes y funcionario de la AFI constituye un delito en los términos del artículo 173, inciso 7, con el agravante de haberse llevado a cabo en perjuicio de la Administración Pública”.

Efectivamente, Caamaño encontró material que no pertenece al ámbito de los espías. Ya la semana pasada traspasó a Seguridad unas 43 armas de fuego y 20 chalecos antibalas.

En el convenio que firmó con Sábina Fréderic destacó: “el Ministerio de Seguridad dará uso a estas armas, cuya compra nunca estuvo justificada por las funciones legales de la Agencia Federal de Inteligencia. La AFI no necesita armas, sino que requiere de analistas de primer nivel para que el Estado cuente con información que le permita identificar amenazas, debilidades y fortalezas de la Argentina en relación con el mundo”.

Se trata de 20 pistolas ametralladoras automáticas marca CZ, modelo Scorpion EVO 3 A1, calibre 9mm Parabellum; 20 pistolas semiautomáticas marca Glock, modelo 19, calibre 9mm Parabellum; tres carabinas automáticas marca CZ, modelo BREN 2, calibre .223 PLG Remington; 20 chalecos de protección balística marca Safariland, modelo E1, nivel RB3, de talles M a XXL, y una mira telescópica marca UTG 3x9x50.

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