Este martes el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca llevó adelante la quinta audiencia en el marco de la Megacausa Zona 5, donde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos llevó adelante la lectura de la última exposición de la acusación de los imputados que se desempeñaban bajo el control del Ejército, la Policía bonaerense y la Policía federal.
En este caso, los auxiliares fiscales Pablo Fermento y Paula Molini leyeron las denuncias contra Desiderio Andrés González, Raúl Artemio Domínguez, Gabriel Cañicul, Antonio Miguel Seghighi, Alejandro Lawless, Alberto Daniel Rey Pardellas, José Antonio Maidana, Ricardo Claudio Gandolfo, Raúl Esteban Andrés y Enrique Stel.
Además, la lectura del requerimiento de elevación a juicio incluyó a Eduardo Carlos Videla, Vicente Alfredo Flores, Martín Gutiérrez Velasco y Oscar Lorenzo Reinhold. Este último es considerado el principal miembro del Estado Mayor del Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI en la Subzona 52 del Destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén.
Finalmente, se escuchó la denuncia contra el Policía bonaerense, Claudio Alejandro Kussman; los policías federales en Viedma, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira; y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta, Héctor Luis Selaya.
Bajo la órbita del Comando del V Cuerpo de Ejército, la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta llevaba adelante el trabajo de “blanqueo” de quienes eran secuestrados y trasladados a los Centros Clandestinos de Detención y Tortura. Al respecto, la fiscalía señaló que:
“Se los hacía pasar a una situación de aparente legalidad, alojándolos como detenidos especiales, en un pabellón dispuesto para ello y apartados de la población carcelaria común”.
Por otro lado, en el Área de Seguridad 511 del Comando funcionaba la Compañía Combate “Mayor Keller”, compuesta por tres pelotones. Asimismo, la compañía resultó instrumental para las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Bahía Blanca, Algarrobo, Mayor Buratovich, Coronel Dorrego, González Chávez, Cnel. Pringles, Tornquist, Villarino, Tres Arroyos, y la provincia de La Pampa, ya que entre sus funciones recibía los pedidos de secuestro en la región.
En este marco, el fiscal general Miguel Ángel Palazzani expresó que “estas figuras no son excluyentes, se complementan, fue un ataque sistemático con el propósito de destruir un grupo social”, y manifestó que:
“Es importante destacar las prácticas genocidas en las sentencias porque será lo que se terminará leyendo en el futuro. Es fundamental denunciar la existencia de organización criminal”.
Finalmente, expresó que “este juicio nos va a exigir a todos un análisis con perspectiva de género para que recoja la real dimensión de los sometimientos sexuales”, y explicó que:
“Se debe superar la resistencia de la violencia simbólica que existe en las y los operadores jurídicos que abordaron y restaron gravedad a los padecimientos sufridos, invirtiendo la carga a la mujer”.
Solo dos de las 52 víctimas por abusos sexuales incluidas en la denuncia de la fiscalía llegaron al debate: son los casos de Lilian Noemí Larrosa y Silvia Zapata.
