Casal apercibió al fiscal Miguel Palazzani por pedir el resguardo de la prueba de lesa

El procurador interino Eduardo Casal apercibió al fiscal bahiense Miguel Palazzani, quien había pedido que se preserve la prueba para los juicios de Lesa Humanidad tras anuncio del desmantelamiento de los equipos de Relevamiento y Análisis de archivos del área de Defensa.

El 27 de marzo, el Ministerio de Defensa encabezado por Luis Petri anunció que se desmantelarían los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas.

La interrupción de la política que se viene implementando desde 2010 fue acompañada por el anuncio del despido de la mayoria de los trabajadores del sector por parte del Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Lucas Miles Erbes.

Frente al impacto que la decisión puede tener en los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se vienen llevando adelante, Miguel Palazzani, titular de las Unidades de Asistencia para las causas de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Bahía Blanca y Neuquén, había solicitado a Petri que:

 «tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento».

El oficio presentado por el fiscal fue respondido con un apercibimiento por parte del procurador interino Eduardo Casal, quien consideró que las opiniones del Ministerio Público deberían permanecer en su despacho y alegando que el fiscal había partido de «fundamentos hipotéticos«.

La sanción sigue los mismos argumentos manifestados por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, quien había remitido el oficio al procurador.

Cabe señalar que Madero es un dirigente proveniente del sector de Patricia Bullrich, aunque desde su ingreso al Gobierno se acercó a la línea de Victoria Villarruel. Previamente, el funcionario se había negado a darle información a la Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad (CONADI).

Tras recibir su notificación, Casal apercibió a Palazzani.

Repudio de H.I.J.O.S.

En este contexto, la Red Nacional de H.I.J.O.S. expresó su preocupación por el apercibimiento a través de un comunicado en el que remarcó sobre Casal que:

«Lo esperable para el cargo que ocupa, era que se pusiera al frente del reclamo contra esa medida de extrema gravedad para el proceso de Justicia, como sí lo hicieron otros funcionarios de la misma Procuraduría».

Asimismo, desde la organización señalaron que «estamos sumamente preocupados por este tipo de respuestas» y denunciaron «el no cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en dar respuesta favorable a investigar, juzgar y condenar los delitos de Lesa Humanidad».

En ese sentido, «destacamos y valoramos la actitud del Dr Miguel Palazzani«, a quien calificaron como un «Fiscal comprometido con la democracia y con el proceso de juzgamiento de los crímenes de Lesa Humanidad».

«Exigimos que el resto de los operadores judiciales acompañen las medidas de cuidado de pruebas y repudien el desmantelamiento de las áreas de archivo del Ministerio de Defensa», completaron.

Los Equipos de Relevamiento y Análisis

Cabe señalar que los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las Fuerzas Armadas produjeron alrededor de 170 informes y que permitieron a la justicia investigar y juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura militar.

Sus aportes permitieron el avance en las investigaciones por abusos sexuales a prisioneras en la ESMA, el uso de aviones para lanzar personas vivas al mar, y el robo de bienes de las víctimas, entre otros.

Estos fueron creados en 2010, gracias al decreto 4/2010 de Cristina Fernández de Kirchner, que desclasificaba la información sobre las Fuerzas Armadas entre 1976-1983.

Su desmantelamiento no solo implica el despido de diez de los trece trabajadores que los integraban, sino que además despertó la preocupación de jueces, fiscales y querellantes.

Palazzani no había sido el único en cuestionar el accionar del Ministerio de Defensa, ya que la decisión también había provocado pronunciamientos de organismos de Derechos Humanos, una denuncia de la Diputada porteña Victoria Montenegro ante el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli, y un pedido de informes del Diputado Nacional Hugo Yasky.

Entre tanto, el abogado Pablo Llonto y su colega Mariana Maurer presentaron un amparo ante el juzgado federal de Daniel Rafecas para impedir el desmantelamiento del área, al tiempo que pidieron una medida cautelar para garantizar la reincorporación de los despedidos.

Mencionadas en esta nota:

Las últimas noticias

Seguinos en redes

Offtopic: