El jueves, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca llevó adelante la segunda audiencia de la llamada Megacausa Zona 5, donde la Unidad Fiscal de Derechos Humanos continuó con la lectura de la requisitoria y la descripción de los hechos que tuvieron como víctimas a 145 personas.
En este caso, los auxiliares fiscales Pablo Fermento, Paula Molini y José Nebbia, se centraron en el caso de dos mujeres que fueron secuestradas durante su embarazo y permanecen desaparecidas: María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero. En ambos casos, también se encuentran desaparecidos sus hijos nacidos en cautiverio.
La primera de ellas, Izurieta, fue retenida al menos durante 5 meses en el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca, y desaparecida luego de dar a luz.
Por su parte, Romero fue secuestrada en Cutral Có y trasladada al centro clandestino detención y tortura “La Escuelita” de Neuquén. Luego, fue enviada a “La Escuelita” de Bahía Blanca, donde nació su bebé. Sus compañeros de cautiverio la recuerdan como “la embarazada que daba vueltas alrededor de una mesa”.
Asimismo, la lectura del requerimiento de elevación a juicio incluyó la narración de secuestros llevados adelante por el Comando del V Cuerpo de Ejército en los territorios del sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, así como el posterior traslado de las víctimas a Bahía Blanca.
Por otro lado, durante la audiencia se relataron varios casos de simulaciones de fusilamiento en los momentos aledaños al traslado de las víctimas, realizadas por el llamado Consejo de Guerra Especial Estable.
Además, se narraron otras situaciones de tortura psicológica como la liberación y posterior captura por la fuerza de los detenidos o la práctica del juego de la ruleta rusa. Durante su detención, también se obligaba a las víctimas a realizar careos entre sí.
Sectores cómplices
En este marco, también se observó que familiares de victimas que se encontraban detenidas ilegalmente hicieron numerosos reclamos y denuncias en el Comando V Cuerpo de Ejército y comisarías de las Policías Bonaerense y Federal.
Por otro lado, los familiares lograron concertar entrevistas con sacerdotes como Dante Inocencio Vega, Monseñor Jorge Mayer y el obispo Emilio Ogñenovich. Además, presentaron habeas corpus que luego eran rechazados sistemáticamente por jueces como Madueño, Bentivegna y Tarabelli.
En ese sentido, no solo no recibieron respuestas, sino que fueron victimas de amenazas y hostigamientos. Entre las acciones de amedrentamiento a los familiares, se mencionaron disparos de advertencia y llamadas telefónicas intimidatorias en las que se les instaba a no buscar a los desaparecidos.
Asimismo, otros hechos de violencia que se llevaron adelante durante este periodo, tuvieron como replicadores del discurso oficial a medios locales como La Nueva Provincia, que caratulaba los eventos como “enfrentamientos” entre el Ejército y grupos subversivos.
