La visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a genocidas presos en el penal de Ezeiza ha destapado una caja de Pandora que amenaza con sacudir los cimientos del gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó como un escándalo político por la presencia de legisladores en la cárcel, se ha transformado en una investigación sobre posibles conexiones financieras entre grupos que buscan la libertad de condenados por delitos de lesa humanidad y la campaña presidencial de LLA.
La interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, parece tener como trasfondo la cuestión del indulto a los militares condenados. Según el periodista Santiago Cúneo, esta disputa “es únicamente por el indulto que le deben a los milicos”. Esta afirmación sugiere que podría existir un compromiso previo con sectores vinculados a la última dictadura militar.
La diputada Lourdes Arrieta, quien denunció públicamente la visita de sus compañeros de bloque a los genocidas, ha solicitado que se investigue si “habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente”. Esta declaración abre la puerta a sospechas sobre el origen de parte de los fondos de campaña de LLA.
En el centro de esta trama aparece la figura del sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado (Jorge Olivera) y de Marta Ravasi, denunciada como marcadora de víctimas, y quien organizó de los encuentros entre diputados y presos. Investigaciones periodísticas han revelado la existencia de empresas offshore vinculadas a Olivera Ravasi, como “Order of Saint Elijah Inc” y “Palupa Properties LLC”, registradas en paraísos fiscales como Georgia, EE.UU.
Estas sociedades, junto con la Fundación San Elías que dirige Olivera Ravasi, manejan importantes sumas de dinero cuyo origen y destino no están claros. La opacidad en el manejo de estos fondos alimenta las sospechas sobre su posible uso para financiar campañas políticas y acciones en favor de la liberación de genocidas.
La Fundación opera desde un lujoso petit hotel en Recoleta, valuado en tres millones de dólares. Este inmueble se ha convertido en el centro de operaciones de un grupo que incluye diputados de LLA, referentes del Poder Judicial y ex militares, todos con un objetivo común: lograr una ley de impunidad y libertad para los terroristas de Estado.
El debate sobre el indulto o la morigeración de penas para los condenados por crímenes de lesa humanidad ha generado fricciones dentro del gobierno. Mientras Villarruel ha mostrado una postura más cercana a estos sectores, Milei parece mantener cierta distancia, al menos públicamente. Sin embargo, las denuncias sobre posible financiamiento ilegal podrían implicar a ambos en una trama más compleja.
La situación plantea serios interrogantes sobre la independencia del gobierno frente a grupos que buscan la impunidad para criminales de lesa humanidad. Si se confirma que hubo aportes económicos de estos sectores a la campaña de LLA, podría interpretarse como un intento de comprar voluntades políticas para obtener beneficios judiciales.
Este escándalo no solo pone en jaque la legitimidad del gobierno de Milei, sino que también amenaza con reabrir heridas del pasado que la sociedad argentina ha intentado cicatrizar a través de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La posibilidad de que se esté negociando la libertad de genocidas a cambio de apoyo político y económico representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, máxime cuando los genocidas mantienen un pacto de silencio y no dicen que hicieron con los desaparecidos, ni revelan la identidad de los bebés apropiados durante la dictadura.
