La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo, titular del bloque oficialista de diputados, y Florencia Kirchner pidieron ser sobreseídos en la causa en la que fueron enviados a juicio sobre las sociedades Hotesur y Los Sauces.
"Resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite", sostuvieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito de 65 carillas presentado al Tribunal Oral Federal 5.
"Venimos a solicitar que se dicte el sobreseimiento de nuestros asistidos por la totalidad de los hechos por los que han sido injustamente acusados", añadieron.
El escrito fue presentado al Tribunal Oral Federal 5, que prepara sin fecha de inicio aún el juicio en ambas causas unificadas, que investigan presuntas maniobras de lavado de dinero con alquileres de plazas hoteleras y propiedades de la familia Kirchner.
Los abogados pidieron los sobreseimientos de la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los también imputados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia.
"Someter una conducta a juicio cuando se encuentra fuera de toda posible discusión su falta de significación jurídico penal", como es el caso, según los abogados, "importa un dispendio jurisdiccional y una lesión de los derechos del justiciable que en nada se compadecen con un adecuado servicio de administración de justicia", sostuvieron en el escrito.
Al mencionar pericias incorporadas en la causa que demostraron que todo el dinero producto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado, los letrados destacaron que "la inexistencia de dinero negro es evidente".
En el caso hay "una manifiesta atipicidad de las conductas que son reprochadas", agregaron, y remarcaron la "inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de lavado de activos imputadas".
"Las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión", agregaron. En el escrito se enumeraron además "irregularidades" en la investigación que elevó a juicio oral el juez federal Julián Ercolini.
"La lista de irregularidades podría ser mucho más amplia si incluyéramos en el análisis las decisiones dictadas por el juez Bonadío, circunstancia sobre la cual no habremos de abundar por razones de decoro, frente a un magistrado que ha fallecido", mencionaron además los letrados en alusión a Claudio Bonadio, el fallecido juez federal que intervino al inicio de la pesquisa.
Ante la:
"Inexistencia del supuesto delito de lavado de activos, queda vacía de contenido la imputación por el delito de asociación ilícita, conformada, según la hipótesis acusatoria, para la comisión de tal infracción penal, razón por la cual, desde nuestra perspectiva, ella debe correr idéntica suerte", es decir, el sobreseimiento, analizaron.
"Resulta imposible considerar que pueda llevarse a cabo un juicio oral en tales condiciones, que fulminan toda posibilidad de ejercer, con una mínima suficiencia, el derecho de defensa en juicio", consideraron los defensores.
En el escrito se apuntó a las falencias de la investigación y se advirtió que "en palabras de la jerga judicial, sencillamente no se puede, no es legítimo, ir a la pesca en el marco de un debate oral: el hecho, sus circunstancias de modo, tempo y lugar; sus autores, participes; y la relación causal entre conducta y resultado deben ser determinados" y el juicio "debe versar sobre la comprobación o no de un hecho o hechos".
Los jueces del TOF5 Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grunberg dieron vista del planteo a las restantes partes intervinientes en la causa y luego quedarán en condiciones de decidir.
Obligado intervino como juez subrogante en el Tribunal que dispuso de manera unánime el cierre por inexistencia de delito de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA y sobreseyó a todos los acusados, entre ellos a la Vicepresidenta.
Esta decisión está apelada ante la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal por la fiscalía y las querellas del caso.
Esa misma sala de Casación cerró también por inexistencia de delito la causa en la que Bonadio procesó a Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro durante su gobierno, en la que también quedó sobreseída.
En esta causa el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Guilermo Marijuán y resolvió que de momento debe seguirse con la investigación para lo cual dispuso medidas de prueba pedidas por la fiscalía.