El procurador Casal le recomendó a la Corte que declare inconstitucional la suspensión de clases públicas

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La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, interino desde el gobierno de Mauricio Macri, dictaminó que es inconstitucional el decreto del presidente, Alberto Fernández, que suspendió las clases presenciales ante la explosión de casos de Covid-19 que este jueves alcanzó a 26.053 nuevos contagios.

El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado a la Corte Suprema de justicia, que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

En su resolución Casal estima que el DNU no está bien fundamentado y que no se demostró epidemiológicamente que la presencialidad en las escuelas impacte en la suba de casos.

El martes, el máximo recibió el descargo de la Nación y pidió a la Procuración General de la Nación que opine sobre el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para declarar la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que suspendió las clases presenciales.

El descargo fue realizado por medio de un extenso escrito presentado a última hora de este lunes por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini y que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.

Al día siguiente, giró el tema a la Procuración para que dictamine sobre el caso. Una vez cumplido este paso, los supremos quedaron en condiciones de emitir su fallo.

En el descargo, Zannini sostuvo que el mantenimiento de la presencialidad en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires, ya que entendió al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como una suerte de distrito único.

Si la Corte hiciera lugar al reclamo de la Ciudad “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones y por lo tanto se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios“, sostuvo el Gobierno nacional.

Ello -se advirtió en el escrito- pondría “en riesgo la salud de la población y el sistema sanitario no sólo de CABA sino también de la provincia, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano“.

En ese contexto, el organismo que reúne a los abogados del Estado pidió que, previo a resolver, la Corte convoque como parte a la provincia de Buenos Aires, para que a través de sus autoridades sanitarias se pronuncie sobre el conflicto planteado por la Capital Federal.

El organismo que encabeza Carlos Zannini alertó sobre el creciente número de contagios y la escasez de camas de terapia intensiva que se comprueba día a día en el AMBA.

A lo largo de más de un centenar de páginas, la Procuración aclaró respecto de las clases presenciales que “no fue únicamente la posibilidad de contagio que podrían haberse producido dentro de las escuelas” lo que motivó su suspensión temporaria.

La asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas en el AMBA“, que cuantificó en “más de tres millones de niños“, unos 300 mil docentes y los acompañantes que llevan y retiran a los estudiantes.

El Estado Nacional destacó la necesidad de adoptar medidas para “afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve un colapso sanitario y al consecuente aumento de la morbilidad“.

La Corte quedó así en condiciones de dar los pasos procesales para resolver el planteo a la brevedad.

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