La ex gobernadora María Eugenia Vidal se mantiene fuera de la escena política, a pesar de que prepara un libro para repetir la estrategia de Cristina Kirchner y hacer una gira de presentaciones con el objetivo de instalarse como una figura política de alcance nacional. No obstante, por ahora posterga toda aparición o definición electoral ante el inminente juicio oral por el espionaje ilegal realizado desde la Policía Bonerense durante su gobierno.
El ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, y la ex auditora sumarial de ese organismo, Rosario Sardiña, irán a juicio oral en la causa por espionaje ilegal por hechos que habrían cometido durante el gobierno de María Eugenia Vidal contra dirigentes y referentes opositores.
Sardiña es la esposa de Berra y ambos irán a juicio oral en la causa que se cursa contra ambos en la justicia penal de La Plata, en la que están procesados por la presunta utilización de fondos públicos para obtener “información y almacenar datos” de personas sin relación con la fuerza policial.
La causa está siendo instruida por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, y Berra está acusado del delito de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.
Según Corfield, Berra y Sardiña obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.
“Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros” escribió en el escrito en el pidió la elevación a juicio oral.
Según la fiscal, Berra se hizo con esa información a partir de una clave del sistema Nosis que el Ministerio de Seguridad bonaerense le otorgó a Asuntos Internos y habría obtenido información de unas 1.500 personas.
“La lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
