Narcotráfico: detuvieron al chofer de Monzó que realizaba repartos con el auto oficial de Diputados

Detuvieron ayer por la tarde al chofer de la Cámara de Diputados de la Nación y amigo personal del diputado de Cambiemos, Emilio Monzó, quien está acusado de vender y repartir estupefacientes con el auto oficial de Diputados.

Se trata de Eduardo Ezequiel Figueroa, alias “Pato”, quien no se había presentado ante la Justicia desde el allanamiento a su casa en City Bell, en diciembre del año pasado, cuando se halló cocaína en el domicilio.

El chofer, oriundo de Carlos Tejedor y amigo íntimo de la familia Monzó, utilizaba un “Bora” Volkswagen patente “IWO 260” que pertenece a la Contaduría y Administración de la Honorable Cámara para repartir los estupefacientes. Además ingresaba drogas en sus partes íntimas a una Unidad Penitenciaria de la región Capital. La banda delictiva en la que participaba Figueroa estaba conformada por 10 personas, todas con domicilio en La Plata y Berisso, que fueron detenidas hace un mes.

El único que gozaba de libertad hasta ayer fue Figueroa, quien no se encontraba en el domicilio durante la noche de los allanamientos que dieron con la banda de narcotraficantes.

Ante el conocimiento público de la información, desde la Cámara de Diputados reconocieron que sabían de los “problemas de adicciones” del chofer, que en lo que parece una estrategia judicial decidió internarse en la clínica privada de rehabilitación “Darse cuenta” de La Plata, luego de las fiestas. 

La decisión del juez platense Pablo Raele y la titular de la Unidad Fiscal Nº 1 de La Plata, Ana Medina, fue avanzar con la detención, y contó con el aval de la Cámara de Apelaciones, ya que -según consideraron- cuentan con “elementos suficientes” para mantenerlo privado de la libertad.

Es que el chofer cuenta con el respaldo de la influyente familia Monzó, que tienen figuras de peso dentro del armado de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. La prisión preventiva podría ser el próximo destino del chofer, ya que los magistrados pueden considerar que cuenta con los recursos para fugarse de la Justicia o entorpecer la investigación, por sus conexiones políticas.

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