El procurador bonaerense Julio Conte Grand está cada vez más cerca del juicio político en la Legislatura bonaerense. En la Cámara de Diputados provincial, donde el Frente de Todos presentó el proyecto para investigarlo, falta tan sólo un voto para tener quórum y así poder sesionar para conformar la comisión que lleve adelante la investigación y luego lo acuse ante el Senado.
El proyecto que promueve el juicio político fue presentado el 4 de enero, días después de la investigación judicial que se abrió por la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre la reunión llevada adelante el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia entre ex-agentes de la AFI de la administración de Cambiemos, exfuncionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción, donde orquestaban estrategias para perseguir sindicalistas opositores al gobierno de Vidal.
Fue justo en el marco de esa denuncia que Conte Grand declaró ante la Bicameral de fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso Nacional, que está abocada a investigar la “mesa judicial” durante el gobierno de Cambiemos.
El peronismo tiene 43 legisladores propios y sumó al monobloque aliado “17 de Noviembre“, más los dos diputados del Frente de Izquierda. Le falta un voto para poder sesionar y tratar el proyecto.
La bancada opositora de Juntos, sus dos aliados del bloque “Cambio Federal” –que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse– y el bloque de Avanza Libertad que responde a José Luis Espert adelantaron su negativa a la iniciativa.
No obstante, siguen las negociaciones del FdT con los distintos actores de la coalición opositora, que quedó dividida internamente tras la votación a la ley de reelecciones de los intendentes bonaerenses.
“Falta un diputado para el quórum. Hay que ver si la oposición sigue jugando a la escondida, porque no se está emitiendo un dictamen; lo único que estamos haciendo en esta primera etapa es abrir la investigación”, dijo la diputada Susana González, vicepresidenta del bloque del FdT y una de las autoras del pedido de juicio político.
Y agregó: “Después, si no quieren acompañar el dictamen, están en su derecho, pero negarse a investigar es quedar cómplice de la situación con la prueba que estamos viendo todos los días“.
De conseguir el quórum para sesionar, la denuncia avanzaría y entonces se conformaría una comisión de cinco legisladores. Esa comisión tendrá seis meses para recolectar pruebas y citar a declarar a funcionarios y, especialmente, a quienes participaron de la reunión en el BAPRO en 2017.
Una vez finalizado el trabajo de la Comisión, se presenta un informe que debe ser aprobado por los dos tercios para elevar la acusación ante el Senado y pedir la suspensión de Conte Grand.
