El gobierno de Javier Milei autorizó el llamado a licitación pública para avanzar con la privatización de varias rutas nacionales dentro del territorio bonaerense, luego de que la decisión de abandonar su mantenimiento provocara que el 65% de las rutas esté en estado crítico.
Luego de abandonar el mantenimiento de las rutas nacionales durante años, el gobierno de Javier Milei dio otro paso en la privatización de las autopistas que abarca la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La medida se publica en medio de denuncias sobre el estado crítico de la red vial y la subejecución del presupuesto destinado a obras públicas.
A través de la Resolución 112/27, el Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública para la segunda etapa de la privatización de rutas. La denominada Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones incluye 2.500 kilómetros de caminos, entre los cuales hay algunos especialmente sensibles para la provincia.
El objetivo del Gobierno Nacional es que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento, la administración, la construcción y la explotación de las rutas en el marco de la privatización de Corredores Viales SA y de la disolución frustrada de la Dirección Nacional de Vialidad.
Las empresas interesadas tienen plazo hasta el 7 de mayo para presentar ofertas que serán evaluadas por una comisión encargada de seleccionar la más apropiada. Esta segunda licitación de rutas nacionales quedó dividida en cuatro tramos: el mediterráneo, el puntano, el portuario sur y el portuario norte.
En total, los caminos atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Las rutas involucradas son la 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008, según informó el propio Luis Caputo.
Dentro del territorio bonaerense, una de las rutas nacionales que será privatizada es la 5 en el tramo que va desde Luján hasta La Pampa, pasando por ciudades como Trenque Lauquen, Pehuajó o Bragado.
El Tramo Mediterráneo tiene 672,32 kilómetros de longitud, abarca las rutas nacionales 7 y 35, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El Tramo Puntano, de 720 kilómetros, incluye las rutas nacionales 8, 36, A-005 y 193, y pasa por San Luis, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El Tramo Portuario Sur cuenta con 636,75 kilómetros de extensión, comprende las rutas nacionales 9 y 188, y cruza Buenos Aires y La Pampa. Finalmente, el Tramo Portuario Norte tiene 528,04 kilómetros, abarca las rutas nacionales 9, 33 y A-008, y atraviesa Buenos Aires y Santa Fe.
Con Milei, el 65% de las rutas está en estado crítico
Ya en enero de 2026, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advertía sobre la situación de las rutas argentinas. El documento, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial“, señalaba que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o directamente malo.
El relevamiento utiliza el Índice de Estado (IE), un indicador que mide la condición del pavimento en una escala de 0 a 10, considerando rugosidad, ahuellamiento, fisuras y desprendimientos. De acuerdo a este índice, los valores de 0 a 5 indican mal estado, de 5 a 7 señalan estado regular, y de 7 a 10 reflejan buen estado.
El deterioro es consecuencia directa de la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción y conservación, sumado al abandono del mantenimiento preventivo. Esto incluye calzadas principales, banquinas, señalización horizontal y vertical, iluminación, puentes y sistemas de drenaje.
Los recortes presupuestarios y el deterioro de las rutas provocaron la caída de la velocidad media de circulación, la disparada de los costos logísticos, la baja de competitividad regional y el aumento de la siniestralidad vial. Según el informe, las muertes en rutas crecieron un 14% interanual, alcanzando las 4.369 víctimas fatales.
Si se comparan el presupuesto de 2023 y el de 2026, “el ajuste es brutal y deliberado, el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023″, explican en el informe.
Durante 2024 y 2025 se subejecutó cerca del 40% del presupuesto destinado al mantenimiento vial. Además, solo el 5,6% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles se giró a Vialidad, cuando debería ser el 14,9% (es decir, casi el triple).
El gobierno también abandonó el mantenimiento preventivo, como la campaña invernal que se realiza en rutas. Esto “acelera el pasaje de fallas menores a colapsos estructurales, multiplicando los costos futuros de rehabilitación”, según advierte el informe.
Desde la federación aseguran que más de 800 agentes técnicos y operativos, incluyendo ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas altamente especializados fueron despedidos en los últimos dos años y podrían eliminarse otras 900 posiciones a través de retiros voluntarios.
Entre las rutas más afectadas en el territorio bonaerense, el informe menciona a la Ruta Nacional 33 (Buenos Aires–Santa Fe), calificada como una “ruleta rusa”, que conecta Bahía Blanca con Rosario y presenta fallas estructurales severas.
La Ruta Nacional 5 es denominada por usuarios como el “peaje hacia la muerte”, con tarifas en alza y obras casi paralizadas. La Ruta Nacional 3 presenta alto nivel de choques frontales en el tramo San Miguel del Monte–Gorchs, mientras que la Ruta Nacional 7 tiene la variante Chacabuco paralizada, con baches profundos y falta de iluminación.
El informe recuerda que cada víctima fatal representa un costo promedio superior a 62 mil dólares, y que la siniestralidad vial equivale al 1,4% del PBI. Además, advierte que, por cada peso no invertido a tiempo en mantenimiento, luego se deberán gastar entre tres y cinco veces más en reconstrucción.
