Imputaron a Vidal por la GestaPRO y piden el entrecruzamiento de sus llamadas

La causa de la Mesa Judicial macrista empieza a alcanzar a la exgobernadora María Eugenia Vidal. La fiscal Ana Russo pidió hacer un entrecruzamiento de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de la actual diputada de Juntos por el Cambio y los de todos los exfuncionarios presentes en la reunión en el Banco Provincia del 15 de junio de 2017 de la “Gestapo” antisindical.

En el dictamen presentado ante el juez Ernesto Kreplak, junto con el pedido de análisis de comunicaciones la fiscalía aclara que “la acción penal” no sólo se dirige a quienes estaban en el encuentro en cuestión, sino contra “toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos…“.

Esa definición abarca a la exgobernadora y a todos los nombres que puedan surgir en la investigación.

Vidal intentó justificar el encuentro en el Bapro, con el argumento de que se trató de una simple “reunión de trabajo“. Un elemento central que desbarata ese concepto es que ninguno de los asistentes registró su entrada al edificio del Banco Provincia, como es habitual.

Un ángulo adicional y no menor de la afirmación de la exgobernadora es que reconoce la reunión. Pero lo que no puede explicar es la presencia de tres altos directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dos de los cuales –Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos, y Darío Biorci, exjefe de gabinete del organismo- tuvieron un papel central en la conversación.

En la pobre teoría de Vidal, son los espías quienes deben explicar qué hacían ahí ya que el resto no sabía quiénes eran, pese a que interactuaban con total naturalidad y se repartían el tiempo de discursos. La pregunta natural que surge es: si no sabían que eran espías, ¿en concepto de qué asistieron a esa reunión?

Para la fiscal Russo es importante conocer los vínculos de los asistentes a esa reunión. De allí que se pida investigar las llamadas de la exgobernadora con sus exministros. El dictamen pide que el análisis abarque las comunicaciones dentro del período entre el 1 de mayo de 2017 y diciembre del mismo año.

Vidal era en ese entonces la máxima autoridad política por sobre su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas (autor de la infame frase de la “Gestapo”) y los otros miembros de su gabinete presentes, que eran Roberto Gigante, exministro de Infraestructura bonaerense, y el exsubsecretario de Justicia de la PBA y antes fiscal Adrián Grassi, hoy mano derecha de Carolina Stanley en el Ministerio Público tutelar porteño.

En la mesa también estaban el intendente PRO de La Plata, Julio Garro, y el senador bonaerense de Juntos Juan Pablo Allan. Las reiteradas acusaciones de la exgobernadora sobre el líder de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina (contra quien fueron las operaciones de persecución) de la misma época fueron públicas y conocidas.

Otro dato que seguramente cobrará relevancia es que la sede del Banco Provincia donde se concretó el encuentro en cuestión, también solía ser el lugar utilizado por Vidal cuando no iba a La Plata.

Los teléfonos de la AFI macrista

Otra de las nuevas medidas que impulsó la fiscalía apunta a saber quiénes de las personas investigadas utilizaban los teléfonos encriptados que la AFI macrista entregó en su momento.

Como se sabe desde 2020, Vidal era una de las destinatarias de esos aparatos que compró el organismo de inteligencia y cuyas facturas pagaba también, y que tienen la característica de que sus comunicaciones no se pueden interceptar ni rastrear.

No fue la única que los recibió por fuera del Poder Ejecutivo Nacional. También se le otorgó uno a su exjefe de gabinete, Federico Salvai, al exministro de seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al procurador de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand.

Todos nombres mencionados de manera explícita en otra denuncia presentada ante Kreplak por Alberto Pérez, el exjefe de gabinete de Daniel Scioli, quien entregó dos audios del subcomisario Hernán Casassa donde describe el funcionamiento de la mesa judicial y la relaciona con el área de Asuntos Internos de la policía bonaerense.

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