Un fiscal denunció a Macri por "instigación al delito y desobediencia"

Un fiscal denunció al expresidente Mauricio Macri por “instigación al delito y desobediencia” por la publicación de un mensaje instando a los intendentes de la Provincia de Buenos Aires a “no apoyar las medidas” del gobierno nacional y mantener las clases presenciales en plena llegada de la segunda ola del coronavirus.

La denuncia fue realizada por Javier Ignacio Baños, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento.

El fiscal solicitó que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, delitos que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

En el documento se menciona un tuit del expresidente de este jueves en el que posteó: “Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo”.

El fiscal analizó que “sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

“Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias”, agregó.

Además indicó que en esa situación “debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio”.

“En particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el Gobierno provincial”, remarcó.

Agregó asimismo que con sus manifestaciones “arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar”.

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