Axel Kicillof encabezó una nueva sesión del Encuentro Federal del Trabajo junto a los titulares de la CGT, las dos CTA y autoridades laborales de 6 provincias, en la que habló de la importancia de “demostrar que hay un polo de resistencia” frente a la reforma laboral.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes una nueva sesión del Encuentro Federal del Trabajo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Del encuentro participaron los máximos referentes de las tres centrales sindicales del país y los titulares de las carteras laborales de seis provincias: Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa.
La reunión se desarrolló en un contexto de fuerte tensión judicial en torno a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Ese mismo lunes, la CGT presentó una recusación contra los dos jueces de la Cámara del Trabajo que días antes habían suspendido una medida cautelar que frenaba más de ochenta artículos de la ley.
La central obrera cuestionó la imparcialidad de los magistrados y no descartó llevar el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia o instancias internacionales.
Sesionó el Encuentro Federal del Trabajo
El espacio que reunió a los funcionarios provinciales y los dirigentes gremiales nació como respuesta al desmantelamiento del Consejo Federal del Trabajo, organismo creado por ley que la administración nacional dejó de convocar.
Según explicó el secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, quien además preside ese consejo hoy inactivo, la iniciativa surgió de la decisión conjunta de varias provincias de “seguir manteniendo el tratamiento colectivo de algunas cuestiones que hacen a todas las jurisdicciones”.
Por el lado de las provincias, participaron la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione; las secretarias de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, y de Santiago del Estero, Julia Comán; el subsecretario de Trabajo de Formosa, Julio Valdez; y el propio Pedehontaá por La Pampa.
A ellos se sumó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, que coordinó la jornada junto a la jefa de gabinete del ministerio, Cecilia Cecchini, el asesor Gustavo Mariani, y el propio gobernador Kicillof.
En representación de las centrales sindicales estuvieron el triunviro de la CGT, Octavio Argüello, y el secretario general de FATSA, Héctor Daer; y los dirigentes de las dos vertientes de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).
Además, estuvieron y los secretarios generales de ambas ramas en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel y Oscar de Isasi. Completaron la nómina el diputado nacional Hugo Moyano (h) y el senador provincial Pedro Borgini.
Kicillof fue el primero en tomar la palabra y sintetizó el eje del reclamo provincial: “Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”.
Agregó que: “El objetivo de Milei es degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos”, y aseguró que la provincia continuará protegiendo a los trabajadores.
Al cierre de su intervención, el gobernador subrayó la dimensión política del encuentro: “Ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro”.
Correa, por su parte, enmarcó la reunión como una respuesta institucional colectiva: “Frente a una reforma laboral que avanza sobre nuestras facultades, las jurisdicciones elegimos el camino de la construcción conjunta: la articulación federal es una condición necesaria para una Argentina más justa”.
Pedehontaá amplió el argumento desde la perspectiva del federalismo constitucional. Sostuvo que la reforma laboral implica “un avasallamiento de las autonomías provinciales y del poder de policía” y que es “violatoria de la Constitución Nacional”. En ese sentido, remarcó: “Las provincias son anteriores a la Nación, y eso este gobierno lo tiene que entender”.
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También explicó que la convocatoria a las centrales sindicales apuntó a “explicarles la decisión que hemos tomado de seguir sosteniendo la defensa de los trabajadores en nuestras provincias”, aunque aclaró que el fondo del reclamo excede los derechos individuales y colectivos de los trabajadores: “Es obtener la autonomía de las provincias que nos da la Constitución Nacional”.
Godoy, de la CTA Autónoma, definió el encuentro como una instancia que sirvió para “reafirmar el concepto de inconstitucionalidad de la reforma laboral y generar una articulación única de la demanda en las calles, la política y la judicial”.
Señaló además que las centrales impulsarán acciones concretas para frenar la aplicación de la norma y que la unidad sindical y provincial será “clave para enfrentar una política que busca debilitar a la clase trabajadora”.
El documento conjunto publicado tras la sesión
Al término de la reunión, los participantes suscribieron un documento conjunto en el que identificaron trece disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.802 (la ley de reforma laboral) que, según detallaron, vulneran las competencias provinciales y la Constitución Nacional.
El texto señala que la ley modificó y derogó contenido normativo “incurriendo en graves violaciones a la Constitución Nacional, entre ellas, en una irrazonable intromisión en las competencias y atribuciones de los gobiernos locales”.
En ese sentido, los firmantes sostienen que la Constitución “es clara en cuanto a cuáles son los poderes que la Nación puede ejercer por delegación de las provincias preexistentes que la componen, estando el resto dentro de los no delegados o reservados y que resultan de exclusivo resorte local“.
El documento agrupa los trece puntos cuestionados en distintas categorías. En algunos casos relacionados con tasas de justicia, cuotas de sentencias y aranceles, se alega que la ley legisla sobre aspectos procesales que son materia exclusiva de las provincias.
En otros artículos vinculados con la exclusividad registral, la fiscalización y los certificados médicos, se sostiene que la norma “intenta desplazar el poder de policía local” mediante cláusulas que violan la autonomía de los poderes provinciales.
Las autoridades también acordaron “reconocer el valor estratégico e institucional de las acciones emprendidas para preservar las competencias no delegadas a la Nación, especialmente en materia de policía provincial del trabajo“, y convocaron a reafirmar la defensa de las atribuciones de cada jurisdicción frente a cualquier intento de avance desde el gobierno central.
El documento concluye con una afirmación que sintetiza la postura de las provincias y las centrales: “Estas situaciones suceden, se desarrollan, acaecen en los territorios provinciales, en nuestros territorios, por lo que deviene urgente y necesario sostener las competencias y atribuciones de las provincias, sin las cuales no hay federalismo, y sin federalismo no hay Nación“.
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La CGT recusa a los jueces que habilitaron la reforma
El mismo día que sesionaba el encuentro en La Plata, en Buenos Aires la CGT presentó ante la justicia una recusación contra los jueces de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo, Víctor Arturo Pesino y María Dora González.
Ambos magistrados habían firmado el jueves previo una resolución que suspendió la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia Raúl Ojeda, quien había ordenado frenar 82 artículos de la ley de reforma laboral.
El argumento central de la CGT para recusar a Pesino tiene que ver con una publicación en el Boletín Oficial fechada el viernes 24 (un día después del fallo de Cámara) en la que se registró el pedido del magistrado para permanecer en su cargo por cinco años adicionales una vez que cumpla los 75.
El abogado de la central obrera, Pablo Topet, sostuvo que Pesino “no puede seguir a cargo de la causa” porque “podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo” y porque “el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”.
La CGT expresó en su presentación que Pesino “ha visto con satisfacción formalmente iniciado el procedimiento para cumplir con su expectativa de continuar en funciones luego de cumplir 75 años” al mismo tiempo que “el Poder Ejecutivo ha visto con satisfacción satisfecha su pretensión” al lograrse la revocación de la cautelar.
La central calificó la conducta del juez como “contraria a la ética” y sostuvo que configura “una causa objetiva de apartamiento” según las normas procesales.
La recusación también alude a un acuerdo de transferencia de la justicia laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño.
En él, ambas partes se comprometieron a “no promover nuevas designaciones ni impulsar aquellas que se encuentren en trámite de magistrados, funcionarios o personal especializado” en el fuero laboral. La CGT apunta que este antecedente refuerza la incompatibilidad de Pesino para seguir interviniendo en la causa.
La central obrera exigió que la nulidad del fallo sea resuelta por la Sala I de la Cámara del Trabajo, y no por la Sala VIII, que consideró que “emitió opinión y prejuzgó” y “evidenció una manifiesta parcialidad hacia el Estado Nacional en su insólita e inesperada premura”.
En el plano de fondo, la CGT enumeró en su presentación los efectos que la reforma laboral produce sobre los trabajadores: la reducción de montos indemnizatorios y su pago en cuotas, la limitación del derecho de huelga y restricciones al ejercicio de la representación colectiva.
A esto se suman modificaciones al ámbito personal de la Ley de Contrato de Trabajo, y la ampliación de la categoría de “servicios esenciales” hasta alcanzar un alcance que en los hechos impide el ejercicio de la huelga en amplios sectores.
La presentación también cuestiona lo que la CGT describe como un intento de desfinanciar a las organizaciones sindicales mediante la afectación de cláusulas obligacionales en los convenios colectivos y la limitación de las medidas de acción directa “sin ningún sustento jurídico”.
La CGT anticipó que, de no prosperar la recusación en la instancia de Cámara, podría elevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia o recurrir a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
