Ampliaron la denuncia contra Conte Grand por dar cobertura judicial a actos de corrupción

La diputada provincial Susana González ratificó y amplió este martes una denuncia contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand por  dar cobertura judicial a actos de persecución política y corrupción del macrismo por US$ 95 millones en la provincia de Buenos Aires.

El caso compromete al ex interventor del Astillero Río, Daniel Capdevilla, a fiscales locales y a exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La investigación quedó delegada en la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta.

González estructuró su ampliación en un comprobante bancario del 4 de octubre de 2018 que daría cuenta de que Capdevilla realizó una transacción por más de mil millones de pesos desde una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad. Por ese ticket, la diputada realizó en 2019 un pedido de informes en la Legislatura bonaerense, entonces comandada por Juntos por el Cambio, que nunca prosperó.

Ese movimiento de dinero, interpreta la denunciante, tendría vinculación con la maniobra ilegal que denunció el 29 de junio pasado, en la que apuntó a un:

Hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, señaló la denunciante.

Por tal motivo, en su reciente ampliación la diputada solicitó que se pidan informes al Banco Ciudad y al Banco Central con el objetivo de que se determine de dónde provino el dinero. Pretende se esclarezca quién hizo esa transferencia y quien fue su receptor.

La denuncia original

El pasado 29 de junio, la diputada González denunció a Conte Grande de dar cobertura judicial a actos de corrupción por US$ 95 millones y de persecución. La legisladora aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.

Un pasaje central de esa denuncia hizo foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago.

Los denunciados fueron el procurador Conte Grand; Daniel Capdevila, expresidente del Ente Administrador del Astillero Rio Santiago; Ricardo López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y exespía de la AFI; y diversos integrantes del Ministerio Público bonaerense.

La ampliación

Este martes, González ratificó y amplió su denuncia. El caso, que recayó en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramo Padilla, fue delegado en la fiscalía comandada por Roteta.

En su ampliación de este martes, la diputada sumó el comprobante bancario que da cuenta de una transacción de más de mil millones de pesos desde una cuenta a nombre del interventor del Astillero, Daniel Capdevilla, en el Banco Ciudad.

La legisladora recordó que durante el macrismo impulsó junto a sus compañeros de bloque un pedido de informes en la Legislatura bonaerense para intentar esclarecer ese hecho que nunca fue contestado. Pedía acceder a la declaración jurada de Capdevilla para ver si podía justificar aquella transacción.

“Conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado y fehaciente para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión. En esos términos es que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades propias”, indicó la diputada en su presentación de este martes. Y pidió que como medida de prueba finalmente la justicia pida la DDJJ de Capdevilla.

González también sumó a nuevos actores en la maniobra de presunto encubrimiento:

“El expediente de la solicitud de Informes señalado, recayó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que era presidida por el diputado (Santiago) Nardelli (Cambiemos), sin que le diera ningún tipo de tratamiento hasta perder su estado parlamentario, lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento de la presunta maniobra fraudulenta”.

La diputada requirió este martes que se cite a Nardelli como testigo.

“En conclusión, no se investigó el origen de ese depósito, ni si el mismo se encontraba manifestado en su Declaración Jurada. La identidad de fechas, y la cuantía del monto habilitan el pedido de investigación sobre éste hecho que la prueba indiciara mostraría vinculada a las maniobras delictuales que entendemos deben ser investigadas”, concluyó la denunciante en clara referencia a los actos de corrupción por U$S 95 millones.

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