La abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, informó que ya “están trabajando en la presentación ante la CIDH” para que revise la condena del ex vicepresidente, luego del apoyo internacional expresado en la reciente solicitada que pide su libertad.
En sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que “antes que termine la feria” (judicial de enero) apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.
La defensora de Boudou cuestionó al juez Obligado y su decisión de revocar el arresto domiciliario del ex vicepresidente:
“En abril el juez (Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática”.
Solidaridad internacional
Una solicitada internacional, con la firma de destacadas personalidades y estadistas, reclaman la inmediata liberación de Boudou y cuestionan el lawfare en la Argentina.
Lleva por título “Libertad a Boudou” y cuenta con la firma de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras).
Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros.
La solicitada cuestiona a “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” por “generar una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas junto a dirigentes políticos de la región definen como ‘lawfare’, o guerra judicial entablada contra gobiernos de América Latina de orientación popular-progresista.
Peñafort aseguró que el documento fue impulsado “por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios”.
Además, la abogada acusó a Pablo Bertuzzi, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 que emitió la sentencia de condena contra el ex vicepresidente, de estar “negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso” mientras se realizaba el juicio oral.
“Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento que tuvo ese tribunal, de manos de Bertuzzi, respecto a una de las acusaciones, que era peculado”, señaló.
Bertuzzi integró el TOF 4 y hoy es camarista. Es uno de los jueces que ascendió a la Cámara Federal sin aval del Senado y que finalmente, tras la intervención de la Corte, fue repuesto en su cargo aunque de manera provisoria, hasta tanto se realice el concurso que requiere el procedimiento establecido por la Constitución para cubrir las vacantes.
“La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos”.
La defensa de Boudou, compartida entre Peñafort y el penalista Alejandro Rúa, responsabiliza a la Corte por las “violaciones al debido proceso” que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral.
Tienen, además, un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal regional de protección de los derechos humanos. Como en todos estos casos, la apelación tendrá la forma de una denuncia contra uno de los poderes del Estado argentino (en este caso el Poder Judicial, cuyo contralor está en manos de la Corte en tanto máximo tribunal).
"Justicia" macrista
“Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué, respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración más de 4 millones de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”.
Peñafort recordó que durante un tramo de la gestión de Cambiemos “el sistema de espionaje y las escuchas se hacían desde la Corte. (...) Es sencillo, si la Corte hubiera abierto ese recurso (de queja), habría tenido que averiguar qué es lo que había funcionado mal en la propia Corte”, puntualizó.
La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.