En Bolivia, ya tienen al primer condenado por el contrabando de armas de parte del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Se trata de Renzo Pedro Arteaga Fernández, unexfuncionario de la Cancillería boliviana que aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión.
La sentencia es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos.
Arteaga había sido nombrado por la canciller del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Karen Longaric, como encargado de tramitar el ingreso a Bolivia de granadas de gases lacrimógenos y otras armas utilizadas para la represión de protestas callejeras sin que se cumpliera la ley boliviana, que en estos casos exige la aprobación del Congreso Plurinacional.
Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, el Gobierno de Mauricio Macri concretó el envío a Bolivia de municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros elementos represivos a través de un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina en el que además viajó un contingente del grupo de elite Alacrán, de la Gendarmería Nacional.
El material represivo estaba dirigido a la Policía y Fuerzas Armadas bolivianas, el total de la carga era de 70 mil cartuchos.
El viaje a La Paz de los efectivos de la Gendarmería había sido solicitado el 11 de noviembre por el entonces embajador de la Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, actual Ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy.
Sin los permisos de los Congresos
El ingreso a Bolivia de uniformados de otro país, al igual que la importación de armamento, municiones u otro tipo de pertrechos, incluso de uso no letal, requiere de un expreso permiso por el Congreso boliviano.
De igual manera, en la Argentina también se necesita autorización del Parlamento para exportar armas, municiones y granadas de gas lacrimógeno, un trámite que el gobierno de Cambiemos no realizó, tal como hizo cuando contrajo la mayor deuda de la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El estancamiento de la causa en Argentina
Sobre la intervención de la Justicia de ambos países frente al contrabando, el embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, comparó los expeditivos resultados de la justicia boliviana con la lentitud del Poder Judicial argentino.
"La justicia boliviana le dictó la condena a un funcionario y está muy cerca de dictar condena contra (el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo) Terceros Lara y (el ex comandante de la Policía boliviana Vladimir) Yuri Calderón. Los abogados que siguen la causa dicen que eso ocurrirá entre febrero y marzo del próximo año", describió Basteiro.
El funcionario argentino contrastó la situación con el Poder Judicial argentino:
"Contradictoriamente, en la justicia argentina solamente se llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo delgado de ese entramado que tiene involucrados a funcionarios, al ex presidente Mauricio Macri, a los ex ministros, al ex director de aduana y al ex comandante de Gendarmería (por Adolfo Caliba). Todos ellos están imputados pero nunca fueron llamados a declarar, cuando todos ellos tienen información del contrabando".
En ese sentido, el embajador aseguró que hasta ahora "el juez (Alejandro) Catania solo convocó a los gendarmes, quienes desmintieron a la ex ministra Patricia Bullrich señalando que nunca usaron esas armas para entrenamiento".
En Argentina, hay una denuncia -promovida por el gobierno del Frente de Todos- en el fuero penal económico por contrabando agravado de armas en las que están imputados, entre otros, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Marcos Peña, Álvarez García y el excomandante de Gendarmería Gerardo Otero, un hombre de confianza de Bullrich.
“En Bolivia hay una sentencia y en Argentina la justicia se niega a llamar a declarar (como imputados) a los responsables: el expresidente, los exministros y los exfuncionarios”, remarca Basteiro desde La Paz.
El ministro de Justicia argentino, Martín Soria, ha denunciado que la justicia argentina tiene un tiempo diferencial para las causas que involucran a Macri y otro para las que hacen foco en Cristina Fernández de Kirchner, y que eso se comprueba aún en un expediente como el del tráfico de armamento hacia Bolivia.
El contrabando de material represivo desde Argentina había permanecido oculto a la opinión pública hasta que se descubrió una carta en la que el ex comandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara le agradecía al embajador argentino Álvarez García por su colaboración en este delito.