El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional del Sur aprobó durante su último encuentro plenario en la noche del miércoles 8, una resolución que rechaza “toda política de reducción presupuestaria de la Educación Pública en general y la de nivel Superior en particular”. En tal sentido, la normativa entiende que los recortes presupuestarios “configuran un ataque a la Educación Pública y un proceso de desfinanciamiento que puede llevar a las Universidades Nacionales al borde de la paralización de sus actividades sustantivas”.
La resolución fue aprobada por unanimidad de bloques políticos y estamentos representados en el CSU. Respondió a un pedido elevado días antes por ADUNS y ATUNS, entidades gremiales de trabajadores universitarios, junto a las listas Azul y Celeste, que representan al sector no docente en los cuerpos del cogobierno
Asimismo, consejeros y consejeras tomaron en cuenta los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones nacionales de trabajadores ante el gobierno central por una convocatoria a paritarias y la normalización de ejecución de obras de infraestructura.
Entre los argumentos tomados en consideración por el cuerpo resolutivo se cuentan la inflación de precios y la devaluación de la moneda, que vuelven “necesario que se resuelva con urgencia un refuerzo presupuestario”, se convoque a paritarias y se regularicen las transferencias de los fondos correspondientes a incrementos salariales ya acordados y a gastos de funcionamiento.
La resolución expresa “preocupación (por) las condiciones anunciadas en el marco de lo acordado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional” y señala que los recortes “afectan la continuidad de obras de infraestructura, mientras que otras requieren de la utilización de fondos propios para avanzar”.
“Todo lo antes expresado –señala el texto- evidencia una política de ajuste y desfinanciamiento que compromete el desarrollo de la Educación Pública, y en particular a las Universidades Nacionales, poniendo en riesgo la continuidad de su funcionamiento”. “Es el Estado quien tiene la responsabilidad indelegable, por cuanto políticas de recorte presupuestario configuran, de hecho, una estrategia de corrimiento de las responsabilidades mencionadas, debilitando y desprestigiando a la educación”, completa el documento.
