La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el pasado 18 de septiembre el procesamiento de Francisco Rosales, alias “Pancho”, por su participación en la organización neonazi “Nueva Soberanía”, aunque no específicamente por el atentado con explosivos al Ateneo Néstor Kirchner perpetrado el 25 de mayo de 2021.
El fallo judicial, al que accedió este medio, es categórico: Rosales fue procesado como “coautor funcional” de los delitos de participación en asociación ilícita destinada a combatir ideologías por fuerza o temor (art. 213 bis del Código Penal) y actos discriminatorios (art. 3 de la Ley 23.592), pero no por el atentado explosivo en sí.
El “brazo derecho” de Pablo Dahua
La investigación reveló que Rosales, de 35 años, cumplía un rol clave como “reclutador” dentro de Nueva Soberanía, la célula local de la organización neonazi que tenía a Pablo Antonio Ceferino Dahua como líder. Según el expediente judicial, Rosales se encargaba de “identificar, evaluar y captar potenciales nuevos integrantes” siguiendo “protocolos establecidos” para medir su “idoneidad ideológica y operativa”.
La conexión entre ambos se hizo evidente el 16 de septiembre de 2024, cuando Rosales fue quien trasladó a Dahua desde su domicilio en calle Mallea minutos antes de que este fuera detenido por el homicidio de Emanuel Alarcón, el crimen que paradójicamente terminó destapando toda la trama del atentado al Ateneo.
Los audios interceptados por la Dirección de Contraterrorismo provincial muestran a Rosales realizando “entrevistas estructuradas” a potenciales miembros. En una grabación del 10 de diciembre de 2021, titulada “1era reunión con Brus”, se lo escucha reclutando a Germán Andrés Brustle, quien posteriormente sería procesado por las pintadas antisemitas en la sede de la DAIA bahiense.
El arsenal ideológico de Rosales
El allanamiento en el domicilio de Rosales reveló un verdadero arsenal ideológico: ejemplares de “Mi Lucha” de Adolf Hitler, “Los protocolos de los sabios de Sion”, panfletos con mensajes como “FUERA PERVERSIÓN LGBT” y “ASQUEROSO, INMUNDO, DETESTABLE Y BURDO COLECTIVO LGBT”, carpetas con imágenes de soldados nazis realizando el saludo hitleriano, y simbología de esvásticas.
Pero la evidencia más comprometedora surgió del análisis de sus dispositivos electrónicos: más de 5.834 imágenes relacionadas con grupos extremistas, usuarios en plataformas de videojuegos con nombres como “H1tler TeniaRazon” y “hitlertteniarazon/francisco”, y un archivo Excel titulado “NUEVA SOBERANÍA LISTADO” donde figuraba con su foto y número de CUIT.
Los peritajes también confirmaron que Rosales trabajaba en la fotocopiadora del Colegio Don Bosco, lo que le daba acceso a equipamiento para producir propaganda masiva. De hecho, el análisis técnico determinó que los panfletos encontrados en diferentes ataques de la organización tenían “comunidad de origen” con características idénticas: misma impresión láser, tipografía Arial, y hasta manchas del rodillo impresor separadas por exactamente 9,5 centímetros.
Una organización con estructura militar
El fallo judicial desmiente categóricamente los argumentos de la defensa que alegaban la inexistencia de Nueva Soberanía como organización estructurada. Los informes de inteligencia describieron una entidad con “jerarquías definidas, roles específicos y metodología operativa”, que mantenía registros detallados de miembros y operaba con protocolos de seguridad digital sofisticados.
La organización tenía incluso material audiovisual de entrenamiento: videos en YouTube (posteriormente eliminados) mostraban a integrantes con remeras “NS Nueva Soberanía” realizando combates simulados, ejercicios militares y juramentos alrededor de fogatas. Uno de los informes policiales reveló formación militar previa de Rosales, con “referencias directas a su paso por el Colegio Militar de la Nación”.
La conexión con el atentado al Ateneo Néstor Kirchner
Aunque Rosales no fue procesado por el atentado al Ateneo, su conexión con el hecho es difícil de obviar. La investigación estableció que Nueva Soberanía, la organización donde él operaba como reclutador, fue responsable del ataque explosivo del 25 de mayo de 2021 que dañó gravemente la sede del peronismo bahiense.
El líder Pablo Dahua sí fue procesado directamente por el atentado, con evidencia que incluía búsquedas sobre fabricación de explosivos en la “dark web” y posesión de dispositivos “listos para detonar” al momento de su detención. Los peritajes demostraron que los panfletos dejados en el Ateneo tenían origen común con el material encontrado en el domicilio de Rosales.
En una conversación interceptada, Rosales admitió su participación en la distribución de propaganda discriminatoria: “los panfletos que están pegados en la plaza del golpe a la LGBTB fuimos nosotros… Los carteles contra la perversión LGBTB, la colectividad, están todos acá en la plaza”.
El procesamiento de Rosales representa el segundo golpe judicial contra Nueva Soberanía, después de la confirmación del procesamiento de Dahua en junio pasado. La Cámara Federal consideró probado que ambos formaron parte de una “estructura jerarquizada” con “división funcional entre ramas políticas y armadas”.
Los magistrados Pablo Larriera, Roberto Amabile y Pablo Candisano Mera destacaron en el fallo que la detención de Dahua interrumpió planes más ambiciosos: los audios revelaron proyectos de “fusión con otra organización extremista, Faro Austral, con el objetivo de crear una estructura más amplia” que incluía “control territorial” y discusiones sobre “corte de rutas o voladura de puentes”.
Medidas cautelares, libertad vigilada y preguntas abiertas
A diferencia de Dahua, quien permanece con prisión preventiva, Rosales fue procesado sin prisión pero con medidas cautelares específicas: prohibición de participar en reuniones de grupos extremistas, comunicarse con integrantes de estas organizaciones, o acercarse a miembros de las comunidades históricamente atacadas por Nueva Soberanía (judía, mapuche, LGBTIQ+ u otras minorías).
El tribunal también fijó un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos en concepto de responsabilidad civil, una medida que la defensa cuestionó sin éxito.
El fallo judicial reconoce que existen “otros todavía no identificados de forma fehaciente” dentro de la organización, planteando interrogantes sobre el alcance real de la red extremista. La capacidad operativa demostrada y los planes frustrados sugieren una estructura más amplia de la inicialmente detectada.
La investigación continúa, y las autoridades mantienen la hipótesis de que el homicidio de Emanuel Alarcón no solo destapó el atentado al Ateneo, sino que interrumpió una escalada planificada que podría haber incluido ataques a infraestructura crítica regional.
Francisco Rosales, el hombre que desde las sombras reclutaba adherentes para una causa de odio, ahora enfrenta la Justicia por su rol en una de las tramas más complejas de extremismo político que haya enfrentado Bahía Blanca en su historia reciente.
