El mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la historia de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires tiene fecha de inicio: 17 de febrero de 2022. La así llamada “Megacausa Zona 5” involucra a 40 imputados de diversas fuerzas armadas y de seguridad, buscará justicia para alrededor de 270 víctimas y se contará con las declaraciones de más de 300 testigos.
Entre quienes debutarán en el banquillo de imputados se encuentran por primera en la jurisdicción dos profesionales de la salud acusados de contribuir a mantener con vida a los secuestrados en el centro clandestino de detención “La Escuelita“, donde nacieron dos niños en cautiverio que aún no recuperaron su identidad. Se trata del entonces capitán médico Luis Fortunato Adalberti y del enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que era sargento primero en la División Sanidad.
Otra particularidad del juicio será que por primera vez se juzgará a doce oficiales y suboficiales del Ejército por un caso de abuso deshonesto contra una mujer cautiva en la “compañía de combate (sic) My. Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo una destacada participación en secuestros y fue el principal grupo de tareas del Batallón. Por ese hecho la Cámara Federal bahiense ordenó meses atrás una serie de detenciones, que incluyó al coronel retirado Enrique Stel, hasta hace un lustro funcionario de José Alperovich en Tucumán.
La nueva solicitud de elevación a juicio que formuló el fiscal Pablo Fermento abarca a tres ex miembros del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V de Ejército: Walter Bartolomé Tejada, Guillermo Julio González Chipont y Norberto Eduardo Condal; y a otros tres del Destacamento de Inteligencia 181: Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre.
En esta megacausa, los abogados defensores rechazaron incorporar registros audiovisuales de declaraciones de testigos que participaron en juicios anteriores.
“Ahora el tribunal es que el tiene la lapicera, estamos a la espera que dicte el proveído de prueba que nos va a decir cuál va a ser la que se va a producir y cuál va a quedar afuera”, afirmó el fiscal Fermento.
La causa está en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) de Bahía Blanca, compuesto por los magistrados Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido.
Por primera vez en un juicio de estas características en nuestra ciudad, va a sumarse la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Veronica Bogliano. Así la querella tripartita estará formada por Nación, Provincia y la querella del organismo de DD.HH. H.I.J.O.S. Bahía Blanca, representado por la Dra. Mónica Fernández Avello.
Fermento advirtió que:
“La mayor preocupación giró en torno a la cantidad de audiencias. El juicio tiene más de 300 testigos entre todas las partes y si uno hace un cálculo y no se pone más de una audiencia por semana se puede ir a 2024. Estamos en una etapa al límite en cuanto a la edad de los imputados, las víctimas y los testigos”.
“(…) Para la Fiscalía es esencial que se evacúen 6 testimonios por semana para mantener un ritmo y una prolongación razonable que no pase del año y medio”.
Las demoras de la Justicia han provocado una situación donde la así llamada “impunidad biológica” es el mayor temor de las querellas, porque al haber transcurrido tantas décadas muchos criminales y represores han fallecido impunes.
