La presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, Marité Gonard, nuevamente se posicionó en el centro de una polémica que pone en evidencia una manifiesta contradicción entre su discurso público de austeridad política y sus acciones administrativas personales buscando asegurarse mayores ingresos.
La concejala transita un momento complicado luego de que el jueves pasado, 20 de 24 de los ediles le propinaran un claro golpe a su autoridad al anular varias de sus decisiones reñidas con el reglamento interno del cuerpo, dejandola a tiro de un proceso de destitución.
Como respuesta, eligió un anuncio que podría interpretarse como un intento de desviar la atención o ganar apoyo popular con la presentación de un proyecto de ordenanza para reducir las dietas de los concejales un 50%, en un ejercicio de demagogia y falta de creatividad política.
Austeridad en público, avaricia en privado
No obstante, el discurso público de autoridad de la edil choca con su interés personal en asegurarse mayores ingresos. A través del expediente 610-7366/24, presentado el 7 de agosto de 2024, Gonard solicitó el reconocimiento de servicios por su desempeño como profesora en el Colegio Puerto del Sur, donde -siendo la dueña- trabajó durante 8 años, 9 meses y 10 días, entre 2015 y 2023.
De aprobarse este trámite, que actualmente se encuentra en Jefatura de Gabinete, significaría un incremento en su antigüedad y, consecuentemente, en su salario como concejala, cobrando unos 4 millones de pesos adicionales por año a valores de hoy.
El contraste se hace más notorio al considerar que ya existen mecanismos vigentes para la renuncia voluntaria a parte de la dieta, una opción que la propia presidenta del HCD no ha utilizado hasta el momento y que la concejala Valeria Rodríguez, su principal aliada en el recinto, rechazó de plano.
En este contexto, destaca el caso del intendente Federico Susbielles, quien desde el inicio de su gestión efectivamente dona el 50% de sus ingresos como funcionario público sin recurrir a anuncios mediáticos.
Ante la consulta periodística sobre la vigencia del pedido de reconocimiento de servicios, el entorno de Gonard optó por el silencio, aumentando las suspicacias sobre la coherencia entre su discurso público de austeridad y sus gestiones administrativas personales.