El mismo espacio político que exige a la Justicia que invierta recursos para perseguir a una banda por un flyer, también desfinancia a un organismo clave para amortiguar el impacto de las catástrofes naturales. En ambos casos, el problema no es solo el discurso: es la facilidad con la que se corre un límite y se naturalizan decisiones que empeoran la vida cotidiana.
Un flyer, una denuncia y un allanamiento en Bahía Blanca
Esta semana, representantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca presentaron una denuncia penal contra una banda de rock local, Chicas Nitro, acusando a sus integrantes de amenazar de muerte al presidente.
El detonante fue un folleto que la banda había repartido para promocionar un show, que incluía una frase provocativa y claramente orientada a llamar la atención. Para cualquier persona que se detenga a pensar, el objetivo del flyer era ganar visibilidad con una maniobra disruptiva.
Puntualmente, el eje de la polémica es que el cartel tenía escrita la frase: “Queremos la cabeza del presidente decapitada y colgada en la Plaza Rivadavia”. Para los denunciantes, fue una amenaza de muerte real y un acto de violencia política disfrazada de expresión artística.
Están en su derecho de expresarse en contra. El problema es llevar eso a un territorio legal y presentarlo como una amenaza de muerte concreta, no solo porque banaliza esas definiciones, sino porque tiene consecuencias reales: la banda tuvo que cancelar su show, devolver las entradas y, días después, la Justicia Federal ordenó allanar la vivienda de uno de sus integrantes.
La primera lectura que se hace ante hechos como este suele ser moralizante: no está bueno lo que hizo la banda, la frase era de mal gusto, etcétera. Es justamente esa posición la que vale la pena poner en discusión, justamente porque esquiva el problema de fondo de la situación: Una denuncia de estas características implica instrumentalizar al Poder Judicial para perseguir lo que a todas luces es una expresión artística.
¿Qué pasa cuando la política persigue al artista? La pregunta incomoda porque remite a procesos históricos que son, cuanto menos, incómodos. Pero cuando se opta por la posición moralizante, se evita esa incomodidad y se abre otra pregunta más comprometida: ¿hay expresiones artísticas que sí está bien perseguir?
Los mecanismos de control siempre empiezan en los márgenes, en los actores pequeños que tienen menos capacidad de defenderse y en los casos donde la comunidad tolera más fácilmente la excepción. Cada vez que se hace silencio ante un hecho de estas características, esa frontera se mueve un poco más. Y el problema no es solo la denuncia, sino también la respuesta judicial que la habilita.
Un antecedente útil para dar cuenta de esta doble vara de estas instituciones es el caso del trappero Dillom, un artista de alcance masivo al que le iniciaron una causa judicial tras realizar una versión modificada de “Señor Cobranza” en el Cosquín Rock 2024, en la que incorporó la frase “a Caputo en la plaza lo tienen que matar”. La denuncia no prosperó: la Justicia consideró que se trataba de una expresión artística con prédica ideológica y discurso político confrontativo.
Pensar en este sentido podría llevar a la suposición de que se debe aceptar cualquier expresión de estas características, por eso también vale la pena preguntarse ¿cuándo algo es violencia política? Hay varios ejemplos de estos casos:
Cuando una agrupación marcha con guillotinas y bolsas mortuorias con nombres de funcionarios, cuando alguien hace explotar una bomba en una sede partidaria, cuando el presidente amenaza públicamente a sus opositores con ir a buscarlos hasta el último rincón del planeta, o cuando un partido instrumentaliza al Poder Judicial para perseguir a una banda de rock por un flyer.
Alerta por ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional
Por otro lado, esta semana Bahía Blanca recibió una alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes con abundantes precipitaciones y ráfagas intensas. La alerta se cumplió, hubo anegamientos, se suspendieron clases y muchos bahienses se resguardaron en sus casas. Y como ocurre cada vez que llega una alerta de este tipo, fue imposible no recordar la inundación de marzo de 2025.
Casualmente, en estos días el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a justificar el ajuste que viene ejecutando sobre el Servicio Meteorológico Nacional, argumentando que la “desidia” del organismo había dejado a las ciudades desguarnecidas. Usó a Bahía Blanca como ejemplo.
Es irónico que la solución ante la supuesta ineficacia del organismo sea otorgarle menos financiamiento y echar a sus empleados, pero sobre todo es de mal gusto utilizar una catástrofe como argumento para un autobombo tan cínico. En este caso, el intendente de Bahía Blanca, Federico Sturzenegger, lo desmintió: fue precisamente gracias al trabajo articulado con el SMN que se pudieron tomar medidas que salvaron vidas.
Más allá del intercambio político, vale la pena detenerse en lo que efectivamente está ocurriendo con el organismo. Desde el inicio de la gestión actual, el presupuesto del SMN se redujo más del 40% en términos reales.
Se desvincularon cientos de empleados en dos años, lo que afecta directamente el funcionamiento de las estaciones meteorológicas que permiten elaborar alertas tempranas. Varias estaciones cerraron y decenas perdieron su cobertura nocturna en todo el país, incluyendo una en Bahía Blanca. El ajuste al Servicio Meteorológico no es un dato abstracto de política. Es una decisión que, en una ciudad que todavía procesa el trauma de una inundación, tiene una consecuencia muy concreta: mayor exposición al riesgo.
“El ajuste” y “la motosierra” son expresiones que a veces se vuelven nebulosas de tanto repetirlas. El SMN es una buena oportunidad para recordar qué significan en la práctica: ajustar este organismo deja más expuestos a catástrofes climáticas, igual que ajustar universidades empeora la educación o ajustar hospitales deteriora la salud.
La lógica de blanco y negro (o todo es privado, o todo es público) en la que se impulsa la idea de que el Estado es un parásito que hay que extirpar tiene como efecto directo obturar cualquier discusión sobre cómo mejorar lo que existe, y reemplazarla por un fanatismo cuyo único resultado tangible, hasta ahora, ha sido empeorar la vida cotidiana de los argentinos y -más concretamente- de los bahienses.
