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lunes, diciembre 5, 2022

La defensa de Cristina Kirchner pidió que se confirme su sobreseimiento en la causa Hotesur por inexistencia de delito

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Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal en el que pidieron que se confirme su sobreseimiento en la causa “Los Sauces-Hotesur”. El texto expone que la acusación de la fiscalía para reabrir el expediente y elevarlo a juicio carece de fundamentos y que el caso en verdad se trata de una persecución política-judicial. Los argumentos que derriban el expediente.

La defensa de CFK rechazó las acusaciones de la fiscalía -que busca la reapertura de la causa y la elevación a juicio- y le pidió a la Cámara que confirme lo decidido por el Tribunal Oral Nº5, el sobreseimiento de todos los imputados. Y para ello esgrimieron un argumento central difícil de refutar que demuele la imputación:

«No existió el lavado de dinero en Hotesur-Los Sauces porque ese delito implica la existencia de dinero negro que se convierte en blanco o sea en plata con apariencia legal. Los alquileres que se pagaron en Hotesur-Los Sauces siempre fueron dinero blanco, bancarizado, pagados con cheques o transferencias bancarias«.

Si hubo asociación ilícita ya se investiga en otra causa; si hubo defraudación al Estado, también. Los dos delitos son parte de la causa por las obras viales de Santa Cruz.

«Todo el dinero recibido por Hotesur y Los Sauces ya se encontraba dentro del circuito financiero legal y ya tenía apariencia de origen lícito, por lo cual era no sólo innecesario y de hecho era imposible someterlo a una maniobra de lavado de activos«, reseña la defensa de Cristina.

El expediente Hotesur-Los Sauces, instruido en su momento por el fallecido juez emblema del lawfare Claudio Bonadio, tiene como centro las propiedades de la familia Kirchner.

Se trató de hoteles en Santa Cruz y dos departamentos, principalmente en Puerto Madero. Desde antes de asumir Néstor Kirchner el cargo de intendente de Río Gallegos, la pareja se dedicaba a comprar propiedades y alquilarlas.

Apoyado por los tribunales de Comodoro Py, Bonadio sostuvo que quienes alquilaban esas propiedades -en especial Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa– pagaban de esa manera una especie de coimas por las rutas que se les otorgaron o por otras concesiones del Estado.

La respuesta de las defensas -hasta ahora no refutada- fue siempre la misma:

Los alquileres fueron reales y a precios de mercado, por lo tanto no incluían ninguna coima. Los contratos siempre fueron oficiales, declarados en la AFIP, y los pagos se hicieron por cheque o transferencia.

Los sobreseimientos

En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal número 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Palliotti, resolvió que no existía delito y por lo tanto sobreseyó a todos los imputados sin hacer el juicio.

La fiscalía quiso involucrar además a Máximo y a Florencia Kirchner, los hijos de Cristina, por ser parte de las sociedades.

Cuando se fundó Los Sauces, Florencia tenía nueve años y no intervino en ninguna operación. De todas formas -y exponiendo el carácter político de la acción judicial– también la procesaron y embargaron en su momento.

El «argumento» de la fiscalía

El centro del argumento la fiscalía de Casación, a cargo de Mario Villar, es que hay que hacer el juicio porque no hubo ninguna novedad que motivara la decisión de los jueces de afirmar que no hay delito.

Al unísono, todas las defensas señalaron que sí hubo una novedad sustancial: una pericia contable en la que se determinó que todos los pagos de alquileres fueron bancarizados y registrados en los libros de contabilidad.

De esta forma quedaron nuevamente evidenciadas las maniobras de Bonadio y la alianza político-judicial-mediática con sede en Comodoro Py: grandes titulares de diarios que difundían imputaciones sobreactuadas, pero a la hora de probar las acusaciones, las pruebas son cuestionables cuando no ausentes.

Los letrados señalaron que ya hay muchos casos en que los tribunales orales resuelven no hacer los juicios porque aparece un elemento que determina que no existió ningún delito.

Fabián Lértora, el abogado de Cristóbal López en el caso, dice específicamente en su escrito:

“El informe pericial termina, además, descartando la existencia de dos pagos no registrados. Fue un error de anteriores peritos. Esto es suficiente para evidenciar la inexistencia del requisito típico de la disimulación del origen del dinero”.

En el expediente Hotesur-Los Sauces, los jueces del Tribunal Oral dijeron, en síntesis, lo que ahora sostienen las defensas:

Que no existe el posible delito de lavado si un dinero que ya es blanco, dado que estaba en un banco, pasa a otra persona. Si hubo delitos (no el de lavado de dinero), se investiga en otras causas”.

La persecución a De Sousa y López

En el caso de Fabián De Sousa y Cristóbal López la imputación carece de sustento alguno porque todo lo que hicieron fue alquilarle a la familia Kirchner un departamento y una oficina.

Siempre a precios de mercado o, incluso un poco más barato que en propiedades similares. Es decir, no se trató de sumas sospechosas que podrían haber encerrado una «coima».

La fiscalía fue señalando cosas distintas como delitos que habrían motivado los alquileres y una especie de dádiva a los Kirchner. Por ejemplo, las concesiones en casinos, pero De Sousa no tenía nada que ver con esas concesiones y, además, en la causa existente hubo sobreseimiento.

Después mencionaron la adjudicación de áreas petroleras en Vaca Muerta, pero también en el expediente respectivo hubo sobreseimiento ya que fueron licitaciones. Y, finalmente, la fiscalía consideró que el lavado implicaba el delito de dádivas, sin especificar.

“Queda claro que se buscó encajar la cuestión del modo que fuera. Al no existir el delito, nunca pudo ser debidamente acreditado”, señala el escrito de Fernando Castejón y Sebastián Bagini, defensores de De Sousa.

En una última presentación, los fiscales señalaron algo asombroso: que existe “un remanente de imputación” que podría tener que ver con las rutas de Santa Cruz y mencionaron la causa Vialidad. Pero allí el imputado es Báez.

En cuanto a Báez, su abogado señaló que la supuesta asociación ilícita ya está siendo juzgada en la causa Vialidad, lo mismo que la obra pública en sí misma. De manera que no se puede juzgar a nadie dos veces por los mismos hechos.

Personas mencionadas en esta nota:

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