El fiscal Fernando Rivarola considero que el abuso sexual sufrido por una joven en manos de 6 hombres fue un desahogo sexual y acordó un juicio abreviado con tres de ellos.
El hecho ocurrió en septiembre de 2016, cuando la joven tenía 16 años, en una casa del balneario Playa Unión en Chubut. Recién el año pasado la mujer se animó a denunciarlo en sus redes, y por la repercusión la justicia actuó de oficio.
En un primer momento los imputados fueron acusados de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.
Sin embargo, el fiscal cambio las acusaciones por abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas y arreglo un juicio abreviado para tres de los imputados, lo que implica aceptación de la culpa y una pena menor.
El cambio de imputación la determinó Rivarola luego de considerar que lo que había ocurrido era un “accionar doloso de desahogo sexual”. Las palabras del fiscal generaron gran preocupación e indignación en las redes sociales, en organizaciones de asistencia a victimas y políticas. Desde algunos sectores se pidió el juicio político al fiscal y la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta se expreso en sus redes.
Llamar “desahogo sexual” al “abuso sexual” en el marco de una causa judicial es absolutamente repudiable. Es la clara evidencia de la falta de perspectiva de género en la administración de justicia y de la ausencia de capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 4, 2020
¿Cómo fueron los hechos?
La adolescente de 16 años se encontraba con amigas participando de una fiesta. En un momento de la noche los 6 jóvenes la llevaron a una habitación oscura donde la violaron, ella estaba casi desvanecida por lo que se aprovecharon de su estado de vulnerabilidad.
No se animó a contar lo que sucedió hasta luego de un intento de suicidio. Acepto el juicio abreviado por el miedo a enfrentar un juicio y tener que exponerse. Esto demuestra la falta de capacitación en género por parte del poder judicial, que no puede brindar a la víctima las herramientas y medidas necesarias para libremente decidir como finalizar su causa.
