Después de la intervención a Vicentín, el presidente Alberto Fernández despejó rumores de futuras expropiaciones, como la de Sancor, cooperativa láctea que desde hace años está en crisis. Además, explicó que el rescate a la cerealera fue para evitar el ingreso de un grupo transnacional y defendió el modelo de gestión mixto.
“Sancor no está en la mira. Un Estado puede ayudar a una empresa de mil modos. Expropiar es la más absoluta excepcionalidad. No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas” expresó el presidente Alberto Fernández y agregó que “cree en el capitalismo” y que “el Estado no se puede hacer cargo de todas las empresas privadas”.
En ese sentido, diferenció el caso Vicentín de las expropiaciones “donde el Estado pone un político al frente” y defendió el modelo de gestión empresarial mixta: “Quien va a administrar el fondo es una empresa mixta, como lo es YPF” que posee “el rigor de una empresa que cotiza en Nueva York”.
Además, fundamentó la intervención en situación de “quiebra” y “vaciamiento” de la cerealera:
“No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra. Si estuviera funcionando normalmente, no hubiéramos pensado nada de esto por eso me gusta hablar del rescate de Vicentín”.
“Hubo un festival de préstamos para la empresa, y lo único que la empresa dejó fue un desbande económico. Para nada tenemos la política de quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso”.
Además, reconoció que principal objetivo de la intervención de Vicentín fue evitar el ingreso de un grupo transnacional en un sector estratégico de la economía nacional:
“Nos parecía que era un problema que iba a terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna transnacional, algo que no nos gustaba. El Estado debe garantizar la presencia de una empresa de capitales nacionales. Si va a la quiebra seguramente quedaría en manos transnacionales, porque todo lo que la empresa hace es importante estratégicamente”.
En ese sentido, el rescate estatal pone a la compañía bajo administración por parte YPF Agro, y se encuadra en una iniciativa política más amplia, que busca dinamizar la producción de alimentos una serie de leyes que propicien el aumento de la producción vegetal e impulso del riego con maquinaria, el incentivo a la exportación de carnes y el fomento de la biotecnología.
Por otra parte, quien quedó fuera por obra de la intervención de Vincentín es nada menos que el ex ministro menemista José Luis Manzano, que mediante el fondo especulativo CarVal sobrevolaba la empresa y terminó de madurar la decisión de estatizar la compañía, que reunió el consenso de Alberto, Cristina y Massa. Evitar por todos los medios su transnacionalización fue la clave.