La UIF vuelve a impulsar causas de lavado de activos provenientes del Terrorismo de Estado

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La Unidad de Información Financiera (UIF) retomó el impulso a causas por lavado de activos en delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de causas que fueron relegadas en los últimos cuatro años, durante el gobierno de Mauricio Macri, que llegó a considerar que los Derechos Humanos eran sólo “un curro”.

En el juzgado federal de Dolores, tramita ante el Dr. Alejo Ramos Padilla la causa “CASTRO, JUAN ELEODORO Y OTROS s/ IMPOSICIÓN DE TORTURA”,  en la que están imputados cuatro familiares de uno de los miembros de la “banda parapolicial de Aníbal Gordon”. Están acusados de transferir bienes al mercado legal, que procedían de delitos de lesa humanidad.

Concretamente, la causa investiga la transferencia, adquisición y administración de bienes inmuebles para aparentar un origen legítimo, por parte de hijos e hijas de Leonardo Save, integrante de la banda ya mencionada. Esta banda estaba al servicio de la ex S.I.D.E., bajo las órdenes de Aníbal Gordon, en el Centro Clandestino de Detención y Torturas, conocido como “Automotores Orletti”.

A su vez, la UIF, cuyo titular es el Dr. Carlos Cruz, se presentó como querellante en la causa, siguiendo los nuevos lineamientos de política criminal del organismo financiero. Se trata de impulsar procesalmente causas que analizan el posible lavado de activos de provenientes de delitos de lesa humanidad, perpetrados durante la última dictadura cívico-militar.

Algunas de las causas en las que la UIF volvió a ser querellante son la causa Nº 1376/2004 caratulada “ACOSTA, Jorge Eduardo y otros s/ Apropiación de bienes” en trámite ante el TOF Nº 5 y la causa Nº 13340/2008 “VILDOZA, Jorge y otros s/ Delitos de acción pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.

A su vez, el fiscal Juan Pablo Curi, de la Fiscalía Federal de Dolores, investiga diferentes maniobras de compraventa de inmuebles realizadas por medio de escrituras públicas, boletos de compra-venta a precios mínimos y actos simulados en los que participaron personas con identidades falsas.

Se trata de inmuebles adquiridos en 1976 por Leonardo Save con dinero originado en secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios que la banda ilegal cometió amparada en el Terrorismo de Estado.

Según la prueba recabada a lo largo de la pesquisa, pudo establecerse que la compra de parcelas tuvo lugar en octubre de 1976 con dinero sustraído de la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), también víctima de la organización ilegal.

En consecuencia, el fiscal Curi pidió la elevación de la causa a juicio oral y público. La apropiación de bienes a personas detenidas-desaparecidas es un delito imprescriptible, por lo que desde la UIF solicitan avanzar con la pesquisa del lavado de activos originado en estos delitos, como compromiso con las polícias de Memoria, Verdad y Justicia, establecidas ya como política de Estado.

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