El Gobierno decidió quitarle el control de 180 mil planes sociales a los movimientos sociales y traspasarlos a la órbita de intendentes y gobernadores provinciales. Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, el equivalente a un 15% de 1,2 millones de beneficiarios.
La medida se da tras los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien reclamó en un plenario de la CTA que la administración de los planes sociales “deje de estar tercerizada” en los movimientos sociales. En la tarde de este miércoles, CFK también se reunió con Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, quien le acercó un proyecto para transformar planes sociales en empleo genuino.
La iniciativa del gobierno fue confirmada por “altas fuentes ejecutivas” al periodista Bernardo Vázquez de Clarín. El traspaso se da pocos días después de que se conociera que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización. Teniendo en cuenta que son $ 19.450 por mes, serían unos $ 390 que se le sacan a las 60 mil personas que cobran a través de la organización piquetera.
El cálculo mensual da $ 23,4 millones que dejan de cobrar los beneficiarios y le ingresan al PO.
Dentro del enorme universo de planes, el Polo Obrero es uno de los que más recibe, al igual que Barrios de Pie, que cuenta con otros 60 mil beneficios.
Los dos movimientos vienen marchando de manera sistemática contra el Gobierno y estuvieron presentes en la álgida reunión de la tarde-noche del miércoles en el ministerio de Desarrollo Social, con el ministro Zabaleta y el secretario Gustavo Aguilera. Cuando se habló de las auditorías, desde las organizaciones cuestionaron que “vienen a empiojar la reunión y el reclamo“.
