Con esta medida, la Provincia de San Luis busca proteger de las subas a clientes, usuarios, beneciarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.
El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y por el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.
Los funcionarios provinciales calificaron como “inconstitucional e inaplicable” el aumento en la tarifa del gas. En su presentación, resaltaron la “inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas” por parte de las empresas, como así también que las compañías trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario.
Para el Estado provincial, esa determinación viola los derechos de los consumidores y especícamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.
