Sturzenegger eliminó la inspección de buenas prácticas de fabricación para medicamentos importados

El Gobierno de Javier Milei eliminó la obligación de que técnicos de ANMAT realicen inspecciones en laboratorios extranjeros antes de autorizar la importación de medicamentos, mientras aún se sigue investigando la muerte de más de 100 personas por el uso de fentanilo contaminado en hospitales.

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva desregulación en el sector salud: el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger eliminó la obligación de que técnicos de la ANMAT realicen inspecciones presenciales en laboratorios del exterior antes de autorizar la importación de medicamentos a Argentina.

La medida fue concretada a través de la Disposición 7998/2025, publicada en el Boletín Oficial, desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones y el de Desregulación. La normativa deja sin efecto una resolución de 2005 que establecía la verificación in situ de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en cada laboratorio extranjero.

Según el comunicado oficial, el nuevo procedimiento permitirá que ANMAT considere certificaciones e inspecciones realizadas por otras autoridades sanitarias, evitando duplicaciones y acelerando trámites. Desde la cartera de Lugones argumentaron que la modificación busca evitar demoras en las autorizaciones al prescindir de las inspecciones presenciales.

El cambio implica retomar un esquema de control más flexible, similar al que funcionaba durante la década de 1990. Quienes respaldan la iniciativa señalan que podría derivar en una reducción del costo de los medicamentos y en la disponibilidad de productos que hasta ahora no llegaban al mercado local. Sin embargo, la reducción de controles activó alarmas.

El biotecnólogo Ernesto Resnik cuestionó la medida en sus redes sociales haciendo referencia a un reciente hallazgo: “Sturzenegger desreguló la importación de medicamentos de India eliminando las inspecciones. Hoy la FDA de EEUU encontró ‘pájaros volando, lagartos arrastrándose y gatos errantes’ en un depósito de remedios en India”.

Esta desregulación se inscribe en una serie de medidas similares impulsadas por el ministro de Desregulación. A través de la Disposición 7939/25, el Gobierno había eliminado previamente controles de ANMAT sobre cosméticos y productos de higiene personal importados.

Al anunciar esa resolución, Sturzenegger había cuestionado: “Hasta hoy, si querías fabricar o importar un shampoo, una crema o un jabón, tenías que pedirle permiso al Estado”. Según explicó, la nueva lógica habilita automáticamente con una declaración jurada digital e inspecciona después.

La tragedia del fentanilo, aún sin respuestas

La flexibilización de controles se produce mientras la justicia y el Congreso continúan investigando la tragedia del fentanilo contaminado, que causó 124 muertes en hospitales del país.

La Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado llevó a cabo una nueva reunión este martes, donde su presidenta Mónica Fein anunció que el próximo 13 de noviembre a las 12 convocarán a funcionarios del Ministerio de Salud y la ANMAT. “Son las dos instituciones que sería muy importante escuchar”, aseguró la legisladora.

Además, Fein informó que el 3 de noviembre una comitiva de legisladores viajará a Rosario para reunirse con familias de víctimas. La comisión debe elaborar un informe final para el 9 de diciembre, con el objetivo de “dar cuenta de lo que hicimos y de lo que creemos que hay que hacer hacia adelante para que esta tragedia sanitaria no vuelva a ocurrir”.

Para la reunión de este martes estaban convocados el director General de Calidad de Atención Médica del Ministerio de Salud, Juan Pablo Vivas, y la titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos C. Malbrán”, Claudia Perandones, pero ninguno asistió. En el caso de la segunda, se acordó enviar preguntas por escrito.

Alejandro Ayala, hermano de una víctima del fentanilo contaminado, planteó que lo ocurrido “no se resume solamente a un laboratorio que operaba en pésimas condiciones, ni a un organismo de control que no hizo lo que tenía que hacer, sino que reflejó una crisis institucional que se debía a la falta de fiscalización“.

Enumeró fallas del sistema de control, fallas en los mecanismos de reporte de información y fallas en la fiscalización sanitaria. Los familiares de víctimas presentaron ante la comisión un conjunto de propuestas que los legisladores acordaron sumar como anexo al informe final. Entre ellas destacan:

  • Una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluya obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral.
  • Un registro individual de cada unidad de producción hasta la administración al paciente.
  • Obligar a laboratorios, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real.
  • La digitalización y centralización de la información sanitaria.
  • Garantizar la interconexión de historias clínicas electrónicas.
  • Crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata.
  • Incorporar sanciones específicas para establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información.
  • El fortalecimiento de ANMAT.

Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, mencionó un proyecto de su autoría que busca jerarquizar la ANMAT y que contempla muchas de las propuestas de los familiares.

Sin embargo, expresó pocas expectativas sobre la voluntad del oficialismo y, tras señalar que el ministro Lugones nunca concurrió al Congreso, advirtió: “Es muy difícil construir política cuando desde el Poder Ejecutivo hay silencio”.

La mayoría de los familiares de víctimas relató no haber recibido ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Ante esto, el Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados se comunicó con el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), dependiente del Poder Ejecutivo, que asumió el compromiso de contactar a los afectados.

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